Una jueza federal en California ordenó este martes a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos suspender los arrestos de personas sin orden judicial y sin sospecha razonable de su estatus migratorio, luego de una polémica redada en la que decenas de campesinos, incluido un ciudadano estadounidense, fueron detenidos.
El fallo, emitido por la jueza Jennifer Thurston, aplica al Distrito Este de California, una extensa zona que va desde Bakersfield —al norte de Los Ángeles— hasta la frontera con Oregón. La decisión responde a una demanda presentada por el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) tras los operativos de enero en el condado de Kern, donde se denunciaron abusos y discriminación racial.
Durante los operativos del 7 y 8 de enero, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recorrieron casi 500 kilómetros fuera de su jurisdicción para detener a trabajadores agrícolas, muchos de ellos residentes de larga data. Las personas fueron trasladadas más de 480 kilómetros hasta la frontera con México, se les negó el debido proceso y algunas fueron obligadas a aceptar la salida voluntaria del país.
“Las prácticas empleadas por los agentes durante el operativo demostraron un daño inminente e irreparable”, escribió la jueza en su opinión de 88 páginas, en la que también prohíbe a los agentes realizar detenciones sin documentación detallada y causa probable de huida.
Según datos presentados por la UFW, al menos 40 personas permanecen ahora varadas en México, separadas de sus familias y comunidades. La comunidad afectada ha exigido justicia y transparencia, señalando que los operativos fueron motivados por perfiles raciales y clasismo.
“La Patrulla Fronteriza no puede simplemente inmiscuirse en las comunidades y capturar a personas trabajadoras solo por ser de piel oscura y clase trabajadora”, declaró Teresa Romero, presidenta de la UFW.
Por su parte, Bree Bernwanger, abogada de la ACLU, celebró la decisión.
“El fallo de hoy afirma la dignidad y los derechos constitucionales de todas las personas. La Patrulla Fronteriza debe poner fin a sus prácticas ilegales de detención y arresto ya”.
