Este miércoles, jueces y magistrados de todo el país iniciarán un paro nacional indefinido en respuesta a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual propone, entre otros cambios, que los miembros del Poder Judicial sean elegidos por voto popular y establece la creación de dos nuevos órganos administrativos.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) tomó la decisión de ir a huelga luego de una votación en la que 1,202 jueces de los 1,403 participantes se pronunciaron a favor del paro, mientras que 201 se opusieron.
Según lo acordado, durante la huelga solo se atenderán casos urgentes. En un comunicado, la asociación destacó la importancia de esta medida para proteger la independencia del Poder Judicial, una piedra angular de la democracia en México.
«En defensa de la República, la independencia judicial y la división de poderes, hemos decidido actuar en unidad para asegurar el futuro de las próximas generaciones», afirmó la Jufed.
El paro iniciará oficialmente en el primer minuto del 21 de agosto, afectando a todos los Juzgados y Tribunales Federales del país, con algunas excepciones que se detallarán en la declaratoria oficial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también suspendió su sesión pública programada para este martes. Sin embargo, los 11 ministros se reunieron en privado para revisar el anteproyecto de la reforma al Poder Judicial, presentado recientemente en la Cámara de Diputados.
Este paro de jueces se suma a la huelga iniciada el lunes por unos 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes también expresaron su rechazo a la reforma. Según los trabajadores, la huelga se mantendrá hasta que sus demandas sean escuchadas y reflejadas en la Constitución.
La reforma, que se espera sea discutida en el Congreso el 26 de agosto y aprobada en septiembre por la mayoría del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, ha sido fuertemente criticada por eliminar el sistema de mérito de la carrera judicial. Los manifestantes también denunciaron que sus argumentos fueron ignorados durante los foros de discusión, calificando la reforma como «nociva» y poco efectiva para resolver los problemas de justicia en el país.
El Sindicato de Trabajadores del PJF instó a sus miembros a no participar en paros no oficiales para evitar complicaciones legales.
En respuesta a las críticas, el gobierno anunció que introducirá 100 modificaciones a la reforma, incluyendo la renovación total de los ministros de la SCJN y la mitad de los jueces del país por voto popular.
Durante su conferencia matutina, López Obrador afirmó que los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a manifestarse, pero los acusó de apoyar a quienes están en contra de su reforma y mantienen prácticas corruptas dentro del sistema judicial.
