La esposa del Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para presentar una queja ante la posible resolución del Instituto Nacional Electoral en su contra por brindarle apoyo en redes sociales durante la campaña a la Gubernatura.
En el documento presentado se detalla que dicha determinación violenta los derechos humanos de libertad de expresión, asociación, igualdad y libre de toda violencia, así como diversos derechos político electorales, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Tratados Internacionales.
También recalca que el Estado Mexicano se encuentra obligado a garantizar y salvaguardar el ejercicio de los derechos fundamentales y su desarrollo en sociedad, además debe de eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres.
Incluso invoca la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos realizada en junio del año 2011, todos los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México, adquirieron rango constitucional, de manera que el Estado está obligado a hacer realidad el derecho a la participación política y a generar las condiciones para que sea ejercido en condiciones de igualdad, libres de discriminación y de violencia.
Más adelante argumenta que México está suscrito al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que pretende asegurar las condiciones generales de igualdad, así como a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Así mismo, indica que el artículo 6 de la Constitución Federal garantiza que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, lo que implica el internet y sus distintas formas de comunicación como las redes sociales.
En el documento explica en ese contexto, la difusión de las publicaciones denunciadas fueron realizadas en ejercicio de su libertad de expresión y de manera espontánea, por lo que de ninguna manera se trató de espacios comerciales, toda vez que no se recibió pago alguno mucho menos se tuvo que pagar para subirlas a algún sitio o red social.
Por último, sostiene que su participación fue voluntaria, libre y espontánea, como parte del apoyo moral del vínculo matrimonial que la une con su esposo, lo que implica una aportación en especie a la campaña, cuestión sesgada, sin prueba alguna, la cual trasgrede sus derechos humanos, imposibilitándola para ejercer de manera libre su libertad de expresión.
