Por: Jorge Maldonado Díaz
La bancada del PRI del Congreso Local presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer cómo delito las prácticas de inseminación artificial no consentida.
La diputada Jessica Martínez Martínez dijo que la iniciativa busca salvaguardar los derechos y la autonomía de las personas donantes de material genético humano.
Además de garantizar el consentimiento en las técnicas de reproducción asistida y la prevención de cualquier forma de violencia en este proceso, con especial atención a la protección de personas menores dieciocho años y aquellas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.
El proyecto de reforma contempla establecer penas de privación de la libertad desde 3 a 8 años, multas, así como la inhabilitación para ejercer una profesión o un cargo en el servicio público.
Martínez Martínez agregó que dichos actos transgreden los principios constitucionales de que toda persona tiene el derecho de decidir, de manera informada sobre el número de hijas o hijos que desea tener.
En el mismo sentido, puntualizó que en Nuevo León no se cuenta con una pena para esos actos, a la vez que se ha observado una elevada demanda de servicios de reproducción asistida en el estado por lo que consideró adicionar dichos supuestos en la legislación penal.
“Es necesaria una adecuación a nuestro código penal, para así coadyuvar a que en la práctica no se realicen acciones que están en contra de la voluntad de las personas gestantes, ya que, por desgracia, en la mayoría de los casos, esas prácticas se efectúan con una falta de ética de las y los profesionistas de la salud, por personas que no sean efectivamente profesionales de la medicina o sus correlacionados”, apuntó.
Actualmente, son 18 entidades federativas, en donde ya existen penas para quien efectúe una inseminación sin el consentimiento de la persona gestante. La reforma contempla modificar los artículos 271 Bis 5,6, 7, 8 y 9 del Código Penal Estatal.
