Con el objetivo de garantizar que las personas candidatas al Poder Judicial cumplan con los requisitos constitucionales y legales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un mecanismo extraordinario de revisión que permitirá identificar perfiles con antecedentes por violencia contra las mujeres, deudas alimentarias o que estén prófugos de la justicia.
La propuesta fue avalada con ocho votos a favor y tres en contra, y contempla la recepción, análisis y valoración de pruebas presentadas por la ciudadanía y organizaciones civiles a través de un micrositio que será habilitado a partir del 25 de abril. Esta plataforma busca reforzar el cumplimiento del llamado principio “8 de 8”, previsto en el artículo 38 constitucional.
El mecanismo aprobado implica que el INE presentará un primer informe preliminar en la sesión posterior a la jornada electoral del 1 de junio. Posteriormente, el 15 de junio, cuando se declare la validez de los resultados, se dará a conocer un informe final que determinará si alguna candidatura ganadora incumple con los requisitos legales.
Lo que revisará el INE
Entre los supuestos que se tomarán en cuenta se encuentran:
- Sentencias por violencia familiar, sexual o política contra las mujeres.
- Condena por delitos contra la vida y la integridad corporal.
- Haber sido declarado deudor alimentario moroso.
- Estar prófugo de la justicia desde la emisión de una orden de aprehensión hasta la prescripción del delito.
- Condenas por violencia política de género, según el artículo 442 bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La consejera Carla Humphrey destacó la importancia de esta revisión
“En esta elección serán electas personas que integrarán el Poder Judicial, cuya principal función será impartir justicia conforme al mandato constitucional. Por ello es apremiante verificar su elegibilidad”.
No obstante, la decisión no fue unánime. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, votó en contra del acuerdo. Argumentó que la revisión podría vulnerar el principio de presunción de inocencia y consideró que no corresponde al INE emitir dictámenes sobre las listas enviadas por el Senado.
“No comparto la propuesta, pues atenta contra la presunción de validez con la que el Senado de la República remitió los listados, además de que infringe el principio de mínima intervención del Estado en los actos de molestia a particulares», expresó.
Por su parte, la consejera Dania Ravel criticó que los comités de evaluación de los tres poderes se hayan limitado a recibir declaraciones bajo protesta de decir verdad, sin establecer mecanismos efectivos de verificación.
“Esta revisión cobra aún más sentido en el contexto de una elección donde la ética, la imparcialidad y el respeto a los derechos humanos deben prevalecer”.
El acuerdo aprobado busca cerrar el paso a candidaturas con antecedentes que las inhabiliten, en una elección inédita donde por primera vez se elegirán cargos del Poder Judicial mediante el voto popular.
