La Fiscalía General de la República ha abierto una investigación contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, por su presunta implicación en actos de traición a la patria.
Según fuentes oficiales, Guzmán López habría colaborado en la captura y entrega de Ismael «El Mayo» Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, a las autoridades estadounidenses.
La investigación se basa en la supuesta privación ilegal de la libertad de Zambada en territorio mexicano, seguida de su traslado a Estados Unidos, un hecho que podría calificarse como traición a la patria bajo el artículo 123 del Código Penal Federal. Este artículo establece que se impondrá una pena de 5 a 40 años de prisión a quien, entre otras acciones, prive ilegalmente de su libertad a una persona en México para entregarla a autoridades de otro país.
Entre las pruebas clave que sustentan la investigación se encuentran registros de un vuelo clandestino que partió de una pista cercana a Culiacán y aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México. La aeronave en cuestión, que operaba con una matrícula presuntamente clonada, fue recibida por autoridades estadounidenses tras haber notificado su aproximación a la frontera. Estas pruebas incluyen documentación de la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, así como registros de la Agencia Federal de Aviación (FAA) que podrían corroborar irregularidades en la operación del vuelo.
Además, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha solicitado formalmente información al Departamento de Justicia de Estados Unidos para avanzar en la investigación.
Por otra parte, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR también ha obtenido datos sobre un posible vínculo entre este caso y el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, asesinado el mismo día en que se reportó la llegada de Zambada y Guzmán López a Estados Unidos. El caso de Cuén Ojeda presenta varias irregularidades en la investigación, incluyendo errores en la necropsia y la falta de un adecuado procesamiento de la escena del crimen.
La Fiscalía General de la República ha señalado que la investigación está en curso y que continuará recabando y verificando información antes de emitir conclusiones finales.
