Por: Jorge Maldonado Díaz
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección a los Derechos de las Personas con Discapacidad, la bancada del PRI del Congreso Local exhortó al Gobierno del Estado y a los 51 municipios para que informen si el 2 por ciento del total de la plantilla laboral de la administración pública está conformada por personas con discapacidad.
La Diputada Elsa Escobedo Vázquez recordó que a propuesta del PRI, la Legislatura anterior aprobó el 3 de abril de 2019 una reforma que modificaba las fracciones I y IV del artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Solicitamos información como seguimiento a las administraciones públicas tanto estatal como las municipales para que informen a esta Soberanía el cumplimiento de lo establecido en la normativa mencionada, en aras de proteger los derechos de las personas con discapacidad y velar por su autonomía, que tanto llena de satisfacción personal a estos ciudadanos”.
“Garantizar el derecho al trabajo para las personas con cualquier tipo de discapacidad implica eliminar las barreras que puedan afectar a las personas en su pleno desenvolvimiento e inclusión”.
“Como administración pública se debe ser ejemplo de la inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad para la obtención de un empleo digno y de remuneración justa”, agregó.
La Diputada Elsa Escobedo recordó que las autoridades estatales y municipales, tuvieron un plazo de tres años a partir de haber entrado en vigor Decreto para implementar de forma completa las acciones para impulsar la contratación.
Así como para completar el porcentaje de contratación mínima del 2 por ciento de personas con discapacidad en sus administraciones públicas, ya sólo les quedan cinco meses para hacerlo.
Por otra parte y ante la carencia de apoyos federales y estatales para personas con discapacidad mayores de 29 años de edad, los Diputados locales de Acción Nacional exhortaron al Gobernador Samuel García Sepúlveda y a la Titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado, Martha Patricia Herrera González, para que se elabore un padrón de este grupo vulnerable y se destine una partida presupuestal que solvente sus necesidades básicas.
“El exhorto a proponer es que se identifique a esas personas en estado de vulnerabilidad; no pretende el exhorto que se haga un apoyo universal, sino que a través de los DIF Municipales, de los centros comunitarios estatales, se pueda identificar a este grupo de la población, a estas personas que requieren el apoyo por su estado, por su condición social”.
“Vemos que el presupuesto estatal considera programas que tienen que ver con la primera infancia; hambre cero; víctimas de violencia; niños, niñas y mujeres con cáncer; pero hay un sector de la población que sigue quedando sin protección social, son los discapacitados en situaciones vulnerables, mayores de 29 años”.
“Por algún motivo se eliminaron (los recursos a este sector de la sociedad), en cuestión de la población que se venía apoyando años anteriores, todavía hace tres años, eran apoyados; llegando a la edad de 70 años, los incluían en los programas de adultos mayores”, puntualizó el Diputado Fernando Adame, en la exposición de motivos.
