Jorge Maldonado Díaz
Monterrey.- Para que el Congreso local denuncié ante la autoridad correspondiente a funcionarios públicos que no acudan a los llamados de comparecencia ante el Congreso, la bancada Independiente presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
Claudia Tapia Castelo, coordinadora de la fracción aseveró que estas acciones podrían considerarse como desacato.
Ante el pleno explicó que la comparecencia es una herramienta obligatoria de transparencia y rendición de cuentas por parte de los funcionarios, sin embargo, algunos no la atienden.
“A pesar de que las comparecencias son un mecanismo de gran importancia para atender las necesidades de la ciudadanía neolonesa, pues es a través de esta comunicación entre poderes que se pueden crear políticas públicas que las solucionen, en Nuevo León, fue hasta hace poco más de 3 años, el 11 de marzo de 2016, que mediante mandato constitucional se hizo obligatoria la comparecencia ante el pleno del Congreso de los servidores públicos de la administración pública local (además de entidades autónomas y del Poder Judicial), sin necesidad de contar con previa autorización del gobernador”.
“No obstante, actualmente nos encontramos ante el problema de que a pesar de ser un mandato constitucional el que obliga a los funcionarios a comparecer ante el Congreso, algunos han optado por no atender el llamado, o bien, acudir y evadir responder de manera concreta a los cuestionamientos realizados por los diputados para cumplir con el objeto para el que se les llama”.
“Con este tipo de acciones, de cierta manera los servidores públicos de la administración local procuran que la incomunicación entre poderes sea absoluta y que el bloqueo a ciertos temas sea inminente, en perjuicio de la ciudadanía”, comentó la legisladora.
Con esta iniciativa se pretende dotar de eficiencia al artículo 62 constitucional, el cual faculta al legislativo a citar a los servidores públicos a comparecer en el Congreso.
La propuesta plantea que aquellos funcionarios que desatiendan este llamado o brinden información falsa sean sancionados por responsabilidad administrativa.
La iniciativa presentada se turnó para su análisis a la Comisión de Legislación.
