La marcha en conmemoración del décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, encabezada por los familiares de las víctimas, fue opacada por actos vandálicos realizados por grupos de encapuchados que acompañaban el recorrido.
Durante la manifestación, que transitaba por el emblemático Paseo de la Reforma, se registraron destrozos en varios establecimientos comerciales.
Los encapuchados rompieron vidrios y provocaron incendios en sucursales de Starbucks, Sonora Grill, RadioShack y Kentucky Fried Chicken, entre otros comercios.
Las acciones se realizaron sin que las autoridades de la Ciudad de México intervinieran para detener los daños. Hasta el momento, las empresas afectadas no han emitido declaraciones sobre el impacto de los destrozos en sus sucursales.
Los actos de vandalismo contrastaron con el tono solemne de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes, al frente de la marcha, reiteraron su llamado a las autoridades para que finalmente esclarezcan el destino de sus hijos. A lo largo de la última década, las familias han expresado su frustración ante la falta de resultados en las investigaciones y su creciente escepticismo respecto a las promesas de los gobiernos de hallar la verdad.
«Seguimos esperando, pero con el tiempo la esperanza se va perdiendo», afirmó uno de los padres durante la marcha. Las familias insisten en que no descansarán hasta conocer lo que realmente sucedió aquella noche en Iguala, Guerrero.
Con la inminente llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México el próximo 1 de octubre, se espera que las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa continúen bajo su mandato. Sheinbaum ha asegurado que dará continuidad a los esfuerzos por esclarecer la desaparición de los normalistas, un compromiso que también fue prometido por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, quien, aunque impulsó nuevas indagaciones, no logró ofrecer una resolución definitiva al caso.
El caso Ayotzinapa ha sido una herida abierta en la historia reciente de México, alimentada por las críticas al manejo del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien en su momento avaló la controvertida «verdad histórica».
Esta versión, que sostenía que los jóvenes habían sido incinerados en un basurero de Cocula, fue desmentida por investigaciones internacionales y desechada por los propios padres de los estudiantes, quienes aseguran que la verdad aún está lejos de conocerse.
Las fuerzas armadas mexicanas también han sido objeto de cuestionamientos a lo largo de las investigaciones. Documentos y testimonios han señalado que tanto el Ejército como la Marina estuvieron presentes en los momentos clave de la desaparición de los jóvenes, observando el ataque sin intervenir para detener la agresión. Pese a las evidencias que han surgido en los últimos años, el Ejército ha negado cualquier participación directa en los hechos y asegura haber colaborado plenamente con las autoridades investigadoras.
Sin embargo, varios militares detenidos bajo sospecha de haber estado involucrados en la desaparición han sido liberados, lo que ha alimentado la desconfianza de los familiares de las víctimas y la sociedad en general respecto al papel de las Fuerzas Armadas en este caso.
