El dictamen de reforma al Poder Judicial mexicano, que será discutido y votado próximamente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, incluye profundas modificaciones encaminadas a transformar el proceso de nombramiento y selección ciudadana de ministros, magistrados y jueces en todos los niveles del país.
Este dictamen, que se presenta tras diálogos nacionales y más de 100 cambios a la iniciativa original del presidente Andrés Manuel López Obrador del 5 de febrero pasado, apunta a una serie de modificaciones clave en el Artículo 17 de la Constitución.
Entre ellas, se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos tributarios, obligando a los jueces a justificar cualquier demora ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
Además, el Senado perderá su facultad de nombrar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, limitándose a tomar protesta y gestionar solicitudes de licencia o renuncia. La administración del Poder Judicial será manejada por un órgano especializado, mientras que la disciplina corresponderá al recién creado Tribunal de Disciplina, compuesto por cinco miembros electos por la ciudadanía.
