Por: Jorge Maldonado Díaz
En Nuevo León existe actualmente una severa crisis en cuestión de la aplicación de los derechos humanos, así lo manifestó Olga Susana Méndez.
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo lo anterior al acudir al Congreso Local a entregar el informe anual de actividades a los diputados.
Al ser entrevistada, la funcionaria aseguró que esto se debe a la falta de atención de las instituciones a quienes han emitido recomendaciones.
Incluso se atrevió a decir que Nuevo León es la única entidad en donde lamentablemente ocurren este tipo de situaciones.
“Existe una crisis de derechos humanos, porque si ustedes ven, se presentaron varias problemáticas relacionadas con el agua. La Comisión Estatal emitió una recomendación y no se aceptó por Agua y Drenaje”, indicó.
“No se han aceptado varias recomendaciones y cuando un gobierno, una autoridad no acepta las recomendaciones está revictimizando a las personas que fueron las que sufrieron esas violaciones a derechos humanos”.
“De hecho es en Nuevo León en donde solamente ocurre eso, si ustedes revisan en todo el país ninguna comisión sufre lo que estamos padeciendo aquí”, expuso.
Recordó que hay recomendaciones al DIF por la muerte de un menor en el centro Fabriles, otro tema de salud; una por violaciones a derechos de parte de la Secretaría de Seguridad contra participantes en la marcha del 8 de marzo.
“El informe señala que fueron atendidas 14,029 personas lo que representa un 38% más, durante el 2023 se registraron 9,962 orientaciones jurídicas; 2,543 a expedientes de queja, 109 medidas cautelares y se emitieron 11 recomendaciones, dirigidas a 13 autoridades de las cuales 9 fueron estatales y 4 municipales, involucrando a un total de 81 expedientes”
Entre las autoridades estatales con mayor número de expedientes de queja se encuentran: la Secretaría de Seguridad con 475; la Secretaría de Educación con 418; la Fiscalía General de Justicia del Estado con 349 y la Secretaría General de Gobierno con 255.
En cuanto a Organismos Públicos Descentralizados el Instituto de Defensoría Pública registra 97 expedientes, Servicios de Agua y Drenaje 75 y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto de Movilidad y Accesibilidad 57 expedientes.
Las autoridades municipales con mayor número de expedientes de queja son Monterrey con 94 casos; Guadalupe con 53; Gral. Escobedo con 38; y, San Pedro Garza García con 36 casos.
“Si no aceptan y no se reconoce y no hacemos actividades de capacitación a servidores públicos para que esto se atienda, los hechos violatorios vuelven a repetirse”, puntualizó.
