Por Alma De la Rosa Flores
Aunque no se aclaró si eso les permitirá aplicar un “tarifazo”, autoridades del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León informaron que el 50 por ciento de las rutas del Transporte Público de Nuevo León se encuentran amparadas en contra de cualquier acto de molestia.
En los trabajos de transición del Gobierno Estatal, Luis Fernando Morales Rizzi, actual subdirector General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León informó que la mayoría de las rutas camioneras cuentan con suspensiones otorgadas por jueces de distrito, lo que evitaría inspeccionar el incumplimiento de condiciones físicas, mecánicas y eléctricas de las unidades.
“Tenemos alrededor del 50 por ciento de las rutas con amparo, la gran mayoría tienen suspensiones, y en muchas de las resoluciones otorgadas por los jueces de distrito, se hablan de que no se realice ningún acto de molestia”, advirtió.
“Sí (los amparos impiden inspecciones) porque hablan de que no se realice ningún acto de molestia sobre sus bienes o sus derechos derivados de la concesión del permiso y entonces el ir a hacer una inspección implica un acto de molestia y podríamos estar violentando una suspensión de amparo”, agregó.
Lo anterior ante los cuestionamientos de la activista Rocío Montalvo, respecto a si estos amparos dan protección a los transportistas sobre un posible aumento en el cobro tarifario, o el incumplimiento en las frecuencias de paso.
“Cuáles son los grupos que tienen la protección que se les haya otorgado algún amparo que permita que estén haciendo por ejemplo el cobro tarifario, que no den cumplimiento con las frecuencias de paso, que estén retirando unidades de circulación. Es algo que va a recibir esta autoridad y no ha permitido que se puedan meter en regla a estos transportistas”, cuestionó.
Tras dar a conocer que los transportistas cuentan con los amparos, el director del organismo del transporte, Noé Chávez Montemayor no especificó si esto implica que podrán incrementar la tarifa, pero aseguró que a la fecha el Consejo no ha autorizado aumento.
Además, se informó que los empresarios no han acatado la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de sacar al 100 por ciento las unidades para efectos de mantener la sana instancia en el transporte urbano por el COVID-19 y evitar contagios.
