Washington, D.C.– En un movimiento sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos ha presentado una nueva estrategia para la erradicación de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales, de acuerdo con un memorando emitido el 5 de febrero de 2025 por la oficina de la fiscalía general.
La iniciativa, que responde a una directriz del presidente Donald Trump emitida el 20 de enero, busca una revisión integral de las estrategias de seguridad nacional y lucha contra el narcotráfico, con el objetivo de eliminar completamente a estos grupos del territorio estadounidense.
El Departamento de Justicia centrará sus esfuerzos en la captura y procesamiento de los líderes y operadores clave de estas organizaciones criminales, aplicando los cargos más severos disponibles, que incluyen delitos capitales, terrorismo, crimen organizado y violaciones a la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros.
Por otro lado, se evitará la persecución penal de individuos de bajo nivel dentro de estas estructuras, priorizando su deportación en caso de no contar con estatus migratorio legal. Además, se reforzarán los operativos de interdicción en el comercio marítimo para combatir el tráfico de drogas, precursores químicos y personas.
Como parte de esta estrategia, el memorando suspende temporalmente ciertos requisitos administrativos para la presentación de cargos relacionados con terrorismo, crimen organizado y lavado de dinero. También se establecerán procedimientos unificados para la clasificación de grupos criminales como el Tren de Aragua, MS-13, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación en documentos judiciales y órdenes de allanamiento.
El gobierno federal redistribuirá recursos clave, disolviendo unidades de bajo impacto para reforzar la lucha contra los cárteles. En este contexto, las fuerzas conjuntas JTF Vulcan y JTF Alpha ampliarán sus operaciones, incluyendo la persecución del Tren de Aragua y el fortalecimiento de medidas contra el tráfico de drogas y personas.
El Departamento de Justicia también promoverá cambios legislativos para endurecer las penas y regulaciones sobre sustancias como el fentanilo y la xilazina, además de fortalecer la supervisión de la maquinaria utilizada en la fabricación de drogas sintéticas.
