En una sesión marcada por intensos debates y enfrentamientos entre partidos, la Cámara de Diputados analizó la propuesta de reforma que busca entregar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Esta reforma, impulsada por el gobierno saliente del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado una polarización dentro del Congreso.
El proyecto de ley, que forma parte de una serie de 18 reformas enviadas por el Ejecutivo, otorgaría a la SEDENA el mando de la Guardia Nacional, originalmente concebida como una fuerza de seguridad civil.
Durante el debate, el líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, admitió que la reforma no resolverá por sí sola la crisis de inseguridad en el país, pero la calificó como un «instrumento eficaz» para combatir el crimen organizado.
“Es cierto que no es una panacea, pero esta reforma contribuirá a enfrentar el reto de la inseguridad pública que hemos sufrido por décadas”, afirmó Monreal.
Por su parte, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, presentó un resumen del proyecto, destacando que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública permanente, integrada por personal con formación militar y policial, y dependerá de la SEDENA. También señaló que el Congreso tendrá facultades para reglamentar y limitar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
La discusión en el Pleno se encendió cuando legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron su oposición al proyecto, argumentando que representa un avance hacia la militarización del país.
Legisladores del PAN llevaron carteles con citas de la actual secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, quien en 2012 prometía retirar al Ejército de las calles en caso de que López Obrador llegara a la presidencia.
Laura Ballesteros, diputada de MC, señaló que esta reforma podría resultar en condenas internacionales contra México por violar tratados de derechos humanos.
“Esta decisión va en contra de los principios que defendemos como nación y pone en riesgo nuestra reputación ante organismos internacionales”, aseveró.
En respuesta, Ricardo Mejía, exsubsecretario de Seguridad y miembro del Partido del Trabajo (PT), argumentó que la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA solo formaliza una realidad ya existente y aseguró que esta medida busca evitar los errores del pasado, cuando la Policía Federal fue señalada por corrupción. Mejía agregó que no se trata de militarizar, ya que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es un civil, en referencia al presidente de la República.
La diputada de Morena, Clara Luz Flores, defendió la reforma e instó a la oposición a votar a favor, subrayando que la Guardia Nacional y el Ejército han sido solicitados por gobiernos estatales y municipales, independientemente de su afiliación política, para enfrentar la inseguridad en sus territorios.
