Por: Jorge Maldonado Díaz
A raíz del reciente aumento en las tarifas del transporte público, publicado el pasado lunes 6 de enero en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, la diputada Rocío Montalvo ha expresado su profundo malestar por el impacto negativo que esta medida tiene en los ciudadanos, especialmente en los sectores más vulnerables.
“Desde que inicié como activista, luego como funcionaria de movilidad y ahora como representante en el Congreso lo he dicho fuerte y claro: no puede haber aumento sin garantías para el usuario. He rechazado todos los aumentos sin beneficios directos y visibles”
expresó la diputada a los medios.
La diputada emecista dijo que, ante la negativa de echar abajo el aumento por parte de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad, y luego de su publicación en el Periódico Oficial entregó un proyecto al Gobernador Samuel García el pasado viernes 3 de enero en el que propone una serie de medidas concretas para mitigar los efectos del “tarifazo” y continuar mejorando el servicio de transporte público.
La diputada Montalvo subrayo la importancia de reactivar los subsidios para los usuarios del transporte, es decir, el depósito gratuito de saldo en las tarjetas como ya se hizo durante el verano pasado, enfocándose en trabajadores que utilizan frecuentemente este servicio y familias en situación de vulnerabilidad económica.
Para ello propone la creación de un fideicomiso que garantice la distribución equitativa de estos apoyos económicos, asegurando que lleguen a quienes más lo necesitan y se garantice desde la ley sin importar quién esté a cargo del gobierno estatal.
Para proteger a grupos como niños, jóvenes estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores y viudas, se hace un llamado a garantizar tarifas preferenciales, tal como lo establece la Ley de Movilidad.
Sugiere un sistema de registro rápido tanto presencial como en línea en instituciones educativas, centros comunitarios y oficinas gubernamentales dedicadas a la labor social.
Una preocupación urgente es la reparación de unidades que están fuera de servicio por falta de mantenimiento. Es prioridad que se informe con detalle sobre los costos de reparación y el número de camiones que regresan a circulación.
Además, insiste en la necesidad de poner en servicio el 100% de las unidades registradas para asegurar una frecuencia de paso acorde con lo estipulado por la ley y evitar largos tiempos de espera.
