El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 84 votos, un dictamen con el que se impedirá a deudores morosos de pensión alimenticia tramitar la credencial de elector, pasaporte y la licencia de conducir.
Además, con la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se aprobó la creación de un registro nacional que concentrará la información de deudores alimentarios y sus acreedores, y con la que se establecen medidas de restricción en caso del incumplimiento de sus obligaciones.
La Senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado indicó que también se prevén medidas de restricción migratoria para impedir que las personas inscritas en dicho registro puedan salir del país, cuando sean deudores alimentarios y existan los medios de prueba para determinar un riesgo de evasión del pago de deuda.
Así mismo, las autoridades de los tres órdenes de gobierno dispondrán de lo necesario para establecer, como requisito, la presentación del certificado de no inscripción en dicho registro para evitar su participación como candidato a cargos de elección popular, participación en procesos de selección para asumir el cargo de jueces y magistrados en el ámbito local y federal; y trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales.
En tanto, en las solicitudes de matrimonio, el juez del Registro Civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro y mencionará la situación que guardan respecto de las obligaciones que tienen.
El registro incorporará los derechos de niños y adolescentes a la alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica-hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto y los derivados de la educación para proporcionar a los menores un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.
Sánchez Cordero consideró que aprobar el dictamen es refrendar el compromiso del Estado mexicano para fortalecer y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de pensión alimentaria, para un impacto favorable en su desarrollo.
