Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de que se apruebe la Ley de Derechos Indígenas, el Congreso Local a través de la Comisión de Bienestar y Derechos Humanos realizará una consulta ciudadana con los pueblos indígenas que radican en la región.
Esto responde a una sentencia derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 123/2020, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó reforma a la Ley por haberse realizado sin consultar previamente a los pueblos y comunidades directamente afectados.
“La consulta busca recabar opiniones, experiencias y propuestas en torno a una iniciativa legislativa que plantea una reforma integral a la Ley de las Personas Indígenas”, señaló la diputada Grecia Benavides Flores, presidenta de la comisión.
“Este proceso obedece a un mandato de la Suprema Corte dirigido a la legislatura anterior, y que hoy nos corresponde cumplir con pleno respeto y responsabilidad”.
“Ya empezamos los trabajos con representantes de las comunidades para ver las bases para poder saber a dónde tenemos que dirigirnos para la fase informativa y así poder llegar a las comunidades, se quiere actualizar la Ley, y por eso buscamos consultarles a ellos en otra fase, se necesita un diálogo de propuestas para poder implementarlas en la Ley de derechos de las personas indígenas del Estado de Nuevo León”.
De acuerdo con las cifras oficiales Monterrey cuenta con 14 mil 526 personas de la comunidad indígena, García con 13 mil 270, Juárez con 9 mil 848, Escobedo con 8 mil 502, entre otros ayuntamientos que registran una población menor.
Cabe destacar que en la actualidad este grupo tiene enfrenta muchos problemas porque las dependencias u organismos no tienden a escuchar a personas integrantes de estos grupos.
“A pesar de que contamos con un marco normativo robusto a nivel federal y a nivel estatal, con criterios del máximo tribunal, todavía enfrentamos varios desafíos para que este proceso sea el resultado efectivo de lo que ustedes quieren, tenemos que escuchar y tenemos que estar atentos como organismo para poder garantizar que su petición se escuche”, indicó Susana Méndez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
En torno a la consulta esta consta de varias fases, iniciará con la fase informativa; continuará con la fase de deliberación interna; posteriormente se desarrollará el diálogo directo con legisladores; y concluirá con la etapa de dictaminación legislativa. Las fechas específicas de cada etapa se darán a conocer próximamente.
Las comunidades podrán participar en modalidad presencial o documental, incluyendo herramientas digitales que facilitarán su acceso y aportaciones.
“En este momento histórico, con un ministro indígena al frente de la Suprema Corte y en el Año de la Mujer Indígena, esta consulta es una oportunidad para honrar la voz y la dignidad de los pueblos originarios y afromexicanos”, concluyó la diputada Grecia Benavides.
