Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el voto en abstención de los diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano, el pleno del Congreso aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado dar marcha atrás al incremento a las tarifas del transporte urbano.
El dictamen fue propuesto en mesa de discusión por la diputada de Morena, Grecia Benavides Flores.
La legisladora destacó que, a pesar de las promesas del gobierno estatal de mejorar el servicio y de la inversión histórica que aseguran haber realizado, el tiempo promedio de traslado en camión aumentó de 58 minutos en 2021 a 98 minutos en 2024, sin que la calidad del servicio reflejara mejoras significativas.
Por tal motivo, la morenista dijo que era indispensable que las autoridades le dieran reversa al acuerdo anunciado el pasado tres de enero del 2015.
“Por si esto fuera poco, en esos mismos cuatro años la calificación que los usuarios dan al servicio se mantuvo sin cambio, con un ‘regular’ 7.1. En estos cuatro años, el gobierno del estado ha dicho que realizó una inversión histórica en transporte urbano”.
“Bueno, pues a juzgar por los datos, y a pesar de su inversión histórica, estamos igual, en el mejor de los casos, que cuando estábamos peor”, subrayó la diputada.
Asimismo, cuestionó la estrategia del gobierno estatal ante el descontento social por el aumento gradual de la tarifa, que alcanzará los 17 pesos en 2026, y criticó el programa “Ayudamos a Moverte”, señalando que no atiende las necesidades reales de la ciudadanía.
“Nuestras visiones no podrían ser más distintas. En Morena luchamos por la garantía de los derechos, y la movilidad es un derecho que el gobierno debe asegurar. El programa ‘Ayudamos a Moverte’, con sus 10 viajes gratis, se asemeja más a un esquema de cliente frecuente de una empresa privada que a una verdadera política pública”, sentenció.
Benavides Flores también manifestó su preocupación por las reglas de operación del programa, ya que, tal como están establecidas, el gobierno puede suspenderlo en cualquier momento.
Por último, enfatizó que, dado que el Gobierno de Nuevo León cuenta con un presupuesto aprobado de más de 156 mil millones de pesos, tiene la capacidad de revertir el aumento anunciado el 3 de enero de 2025, para evitar afectar la economía de la población.
“La política pública y el presupuesto deben estar al servicio del pueblo. La ciudadanía necesita un transporte público eficiente, con tarifas justas y accesibles, especialmente para quienes más dependen de él”, concluyó.
