Por: Jorge Maldonado Díaz
Tras el conflicto que protagonizaron la Fiscalía General de Justicia y el Gobierno del Estado por el recorte al presupuesto en el 2020, este lunes, por fin se le dio carpetazo al tema, luego de que el pleno del Congreso Local aprobó la desincorporación de cuatro inmuebles para la dependencia encabezada por Gustavo Adolfo Guerrero.
Estas propiedades que eran del Estado cuentan con un valor comercial de 106.2 millones de pesos, y con el Convenio de Dación de Pago, quedo finiquitado el asunto.
Como se recordará, la Fiscalía General de Justicia recurrió a la controversia constitucional luego de que el Gobierno Estatal en el Presupuesto de Egresos de Nuevo León para el 2020, solamente se incluyeron 2 mil 820 millones de pesos y no los 3 mil 221 millones de pesos más la inflación que había requerido.
Concluido el reclamo tramitado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en contra del Congreso y del Ejecutivo local, semanas después, la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas autorizó la realización de los trámites para someter a consideración del Comité de Operaciones Inmobiliarias del Estado la enajenación de los inmuebles.
Durante la sesión extraordinaria, los diputados aprobaron por unanimidad la desincorporación del terreno con mayor valor comercial, de 45 millones, ubicado en la Avenida José Eleuterio González, número 1104, colonia Emiliano Zapata, en Monterrey.
El cual cuenta con una superficie de 3 mil 489.67 metros cuadrados y actualmente está ocupado por la Secretaría Particular del Gobernador y un estacionamiento de Fomerrey.
Los otros tres inmuebles son baldíos, uno está ubicado en la Colonia Agropecuaria Andrés Caballero, Escobedo con una superficie de 29 mil 30 metros cuadrados;.
Otro está en la Colonia Insurgentes, en Guadalupe, y mide mil 500 metros cuadrados, y finalmente el lote ubicado en la Avenida Fidel Velázquez y Rodrigo Gómez, en Monterrey, con una extensión de 3 mil 138.76 metros cuadrados.
En octubre pasado se celebró un Convenio entre el Estado y la FGJ con el objetivo de poner fin al conflicto derivado de la Controversia de Inconstitucionalidad 3/2019, promovida por el órgano descentralizado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Congreso.
En dicho documento se detalló que, para complementar la resolución de 2019, el Estado debería de entregar diversos inmuebles valuados en 116 millones de pesos a la Fiscalía, como también más de 222 millones de pesos a capital de gasto corriente.
La Fiscalía General de Justicia contempla llevar a cabo la construcción de oficinas administrativas en esos predios, que ayudaran a la operatividad de la dependencia estatal.
