Washington, D.C.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un controvertido proyecto de ley que busca rebautizar el Golfo de México como “Golfo de América”, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en el primer día de su segundo mandato.
La propuesta, promovida por la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, ordena a todas las agencias federales actualizar documentos oficiales, mapas y materiales educativos con la nueva denominación. Según Greene, el cambio representa “uno de los temas más importantes” para el Congreso actual, e insistió en que quienes se oponen “favorecen a los cárteles mexicanos”, declaraciones que encendieron aún más el debate legislativo.
El proyecto fue aprobado en la Cámara baja con el respaldo de la mayoría republicana, pero enfrenta un panorama incierto en el Senado, donde requiere apoyo demócrata para avanzar. En la votación de este jueves, todo el bloque demócrata y un republicano votaron en contra, señalando que el tema carece de relevancia nacional.
Entre las críticas más severas, el congresista demócrata Jared Huffman, de California, calificó la medida como “una pérdida de tiempo legislativo” y acusó a los republicanos de impulsar iniciativas que comenzaron “como una broma”.
El presidente Trump firmó la orden ejecutiva titulada “Restaurando nombres que honran la grandeza estadounidense”, en la que también se contempla el retorno al nombre Monte McKinley para la montaña más alta del país, rebautizada como Denali por el expresidente Barack Obama en 2015. Además, designó el 9 de febrero como el “Día del Golfo de América”.
La medida ha generado tensión entre la Casa Blanca y medios de comunicación. Desde febrero, la administración Trump mantiene un boicot contra la agencia de noticias Associated Press, negándole el acceso al Despacho Oval y al Air Force One por negarse a utilizar el nuevo nombre en sus coberturas.
El cambio propuesto no solo tiene implicaciones políticas y diplomáticas, especialmente con México y países del Caribe, sino también prácticas, ya que afectaría a una vasta gama de documentos, materiales geográficos y registros oficiales dentro y fuera de Estados Unidos.
Ahora, el proyecto se dirige al Senado, donde el debate promete ser aún más intenso y podría convertirse en un nuevo foco de polarización en la agenda legislativa estadounidense.
