Por: Jorge Maldonado Díaz
Para garantizar el derecho a una defensa legal adecuada en internos, la bancada del PRI en el Congreso Local presentará una iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Heriberto Treviño Cantú, coordinador de la fracción priista dijo que esto se daría en momentos en que muchos reclusos no están sentenciados y sus abogados no tienen acceso a los centros de reclusión debido a la pandemia.
“Con la presente iniciativa se busca prohibir que las autoridades restrinjan o limiten las visitas de defensores aludiendo estado de contingencia médica o pandemia”, planteó.
El líder de la bancada del PRI en el Congreso local precisó que se busca elevar a rango de Ley, la prohibición de que en los centros de reclusión de todo el país se limite o restrinja la visita de los defensores públicos o particulares a las personas privadas de su libertad que en ellas se encuentran.
“El centro de readaptación deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que a las personas privadas de su libertad se les respete su derecho humano a una defensa adecuada”, manifestó el representante de la bancada tricolor.
El Coordinador del GLPRI detalló que la propuesta pretende reforzar los derechos humanos de todos los internos, pero sobre todo de quienes están recluidos sin estar sentenciados, por lo que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia.
“Se tienen que respetar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, recordando que muchas de ellas, incluso, no cuentan con una sentencia, por lo que, bajo el principio de presunción de inocencia, aún no deben considerarse culpables de algún delito”, puntualizó Treviño Cantú.
“El derecho a una defensa adecuada no puede ser limitado, bajo ninguna circunstancia; en este sentido, la autoridad debe contar con espacios adecuados para que las personas privadas de su libertad puedan entrevistarse con sus asesores jurídicos”, afirmó.
Treviño Cantú explicó que la iniciativa de reforma contempla modificar el artículo 58 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que se espera que, una vez que transite a nivel local, sea remitida al Congreso de la Unión para su análisis.
