Por: Jorge Maldonado Díaz
Para combatir el reclutamiento de menores de edad en actos delictivos, la bancada del PRI en el Congreso Local presentó iniciativa de reforma al Código Penal para incrementar las penas una mitad en caso de que se utilicen medios electrónicos.
Heriberto Treviño Cantú, coordinador de la fracción señalo que dentro de la propuesta se contempla también que los padres de familia perderían la patria potestad de comprobarse que incitaron a sus hijos a realizar actividades ilícitas.
El líder de la bancada del PRI alertó sobre la participación de menores de edad en la comisión de delitos, sobre todo con el auge de las redes sociales, por lo que estimó urgente impulsar reformas legales que inhiban y castiguen con mayor severidad el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
“Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de vivir una infancia plena y libre de violencia, por lo que busco establecer la prohibición expresa de cualquier forma de reclutamiento de menores, sobre todo ahora con las herramientas digitales, e incluso planteo que se les retire la patria potestad a los padres de familia que permitan que sus hijos participen en bandas criminales”.
“Actualmente, el Código Penal establece penas de 4 a 12 años de prisión y multas que van de los 28 mil pesos a los 84 mil pesos por corrupción de menores, pero en la iniciativa propongo que, cuando se utilicen las plataformas electrónicas para reclutar, las penas se incrementarían una mitad, esto significaría prisión de 6 a 18 años, y multas de 42 mil pesos a 127 mil pesos, según determine el Juez”, detalló Treviño Cantú.
La propuesta contempla modificar la fracción III y el cuarto párrafo de la fracción IV, del artículo 196 del Código Penal para el Estado.
La iniciativa se complementa con modificaciones a los artículos 16, 49 y 121 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
“Es prioritario fortalecer la protección de los menores de edad y endurecer las sanciones contra quienes los recluten, exploten o utilicen para actividades delictivas, porque los verdaderos criminales buscan perpetuar sus operaciones ilegales aprovechando la vulnerabilidad de niñas y niños”, señaló.
Treviño Cantú refirió que la protección de los menores requiere un enfoque integral que también implica una mejora en las condiciones socioeconómicas y culturales de sus familias, y apuntó que, según datos del INEGI, se estima que en Nuevo León hay cerca de 150 mil niñas, niños y adolescentes que están expuestos a factores de riesgo como la pobreza y el abandono escolar, que son factores que son aprovechados por los grupos delincuenciales.
