Por: Jorge Maldonado Díaz
Para que los funcionarios públicos no utilicen los medios digitales para difamar, la bancada del PAN en el Congreso Local presentó una iniciativa de reforma para aumentar de 3 a 12 años de prisión y de 48 mil a 192 mil pesos de multa a quienes cometan el delito de difamación.
El Diputado de Acción Nacional, Luis Susarrey Flores señalo lo anterior al entregar la documentación en la Oficialía de Partes.
Argumento que se trata de una reforma por adición del Artículo 345 Bis al Código Penal del Estado para quedar de la siguiente forma:
“Se aumentará hasta cuatro veces la pena a imponer por los delitos de injuria y/o difamación cuando estos se deriven mediante comunicados oficiales, declaraciones en ruedas de prensa, publicaciones en redes sociales realizadas por servidores públicos en contra de otros servidores públicos de cualquiera de los tres poderes, de los municipios o de particulares”.
Susarrey Flores explicó que dentro de sus propuestas se expone que no se pueden utilizar los canales institucionales del Gobierno para desprestigiar a alguna persona.
“Yo no puedo afirmar que una persona se robó algo, cometió algún delito, acosó sexualmente a alguien o cometió una agresión contra una persona, una mujer. Si no tengo una prueba, si no tengo un sustento, si no tengo un soporte, lo que está de por medio es la integridad de muchas familias”.
“No puedes utilizar los canales institucionales de Gobierno para desprestigiar a una persona. Tenemos que ser responsables y entender, porque ya hay jurisprudencia de la corte, que todas las cuentas de redes sociales de los servidores públicos se consideran como parte de la comunicación oficial, las cuentas personales, las cuentas oficiales también”, indicó.
En rueda de prensa, el legislador panista argumento que simplemente no se pueden emitir acusaciones sin fundamento.
“Hemos visto gente del gabinete salir a decir que hay una denuncia contra un Diputado por un delito sin que tenga siquiera la denuncia en la mano, sin que tenga una investigación, sin que tenga un auto de sujeción a un proceso, sin que tenga una prueba”.
“No se vale utilizar los canales oficiales para hacer política, para sacar tajada partidista y para combatir, agredir a quienes consideras tus rivales, adversarios”, puntualizó.
