Por: Jorge Maldonado Díaz
En Nuevo León todas aquellas personas que sean deudoras de pensión alimenticia, agresores sexuales o que hayan cometido violencia familiar, no podrán ocupar cargos públicos o de elección, esto luego de que el pleno del Congreso Local aprobó en primera vuelta reformas a la Constitución conocidas como 3 de 3 contra la violencia.
Las reformas aprobadas se derivaron de iniciativas presentadas por separado el 31 de julio de 2024, por la Diputada local del PRI, Lorena de la Garza, y la emecista, Sandra Pámanes en la que se establecen las causales por las que los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se suspenden.
La diputada, presidenta del Congreso, Lorena de la Garza Venecia, celebró el avance de la iniciativa.
“Hoy más que nunca es necesario proteger a las mujeres, a las niñas, y a las familias de Nuevo León, estamos aquí para hablar de algo que no debería ser tema de debate: las personas con antecedentes de violencia no deben ocupar cargos públicos ni puestos de elección popular”.
“El mensaje de esta reforma es claro: quien no respeta los derechos de las mujeres y las familias, no puede gobernar, no puede legislar, no puede administrar recursos públicos”.
“La reforma no se trata de venganza, sino de justicia. Se trata de cuidar a nuestra gente, de construir un Nuevo León donde las mujeres vivan sin miedo, donde las familias puedan estar seguras, y donde el poder público sea ejercido con dignidad y respeto”, indicó.
La diputada Sandra Pámanes Ortiz, destacó las modificaciones que se le hicieron a los artículos 71, 118, 158, 172 y una adición del artículo 59 Bis a la Constitución local.
“Establecemos simplemente lo que por derecho y obligaciones emanan de nuestra Constitución federal establecen que es que ninguna persona condenada o sancionada por violencia familiar, delitos sexuales o por deudor alimentario pueda ocupar un cargo de elección popular, de designación o cualquier función de representación política”.
“Es importante armonizar la Constitución porque la violencia de género es una de las crisis que enfrenta nuestro país, no podemos permitir que quienes han sido responsables de actos de violencia contra las mujeres, niñas, niños o cualquier persona tomen decisiones que afectan nuestras vidas”.
“Esta reforma envía un mensaje claro, quienes violenten los derechos humanos no pueden ni deben gobernar”, dijo.
La reforma, aprobada en primera vuelta se hizo con el fin de dar a conocerla, hacer mesas de trabajo y difusión máxima, contempla beneficiar a las mujeres que por años han sufrido los delitos mencionados.
De ser aprobada esta reforma, Nuevo León avanzará hacia un estado más justo y seguro, donde todos los ciudadanos, sin distinción, puedan vivir con dignidad.
