En medio de intensos debates y una clara división entre los legisladores, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la controversial reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con 22 votos a favor y 17 en contra, la medida contempla la elección de ministros, magistrados y jueces mediante voto popular, así como una reestructuración profunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros órganos del sistema judicial.
La sesión, que se prolongó por más de siete horas, evidenció la tensión entre los diferentes grupos parlamentarios. Legisladores de Morena y sus aliados respaldaron el proyecto, que también propone reducir el número de ministros de la SCJN de 11 a 9, acortar la duración de su mandato de 15 a 12 años y eliminar el Consejo de la Judicatura Federal, sustituyéndolo por un nuevo órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial encargado de supervisar y sancionar a los jueces.
La reforma, calificada por algunos como un intento de «venganza» contra el Poder Judicial, fue duramente criticada por los partidos de oposición. Margarita Zavala, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su descontento afirmando que la medida es «ridícula» y comparó la elección de jueces por voto popular con una «kermés». Por su parte, Rubén Moreira del Partido Revolucionario Institucional (PRI) enumeró una serie de razones por las cuales, a su juicio, la reforma es inadecuada y peligrosa para el sistema judicial y los derechos humanos en México.
La reforma no solo ha generado un acalorado debate legislativo, sino también ha provocado una fuerte reacción en el propio Poder Judicial. Desde el pasado 19 de agosto, los trabajadores del sector han mantenido un paro de labores en protesta contra los cambios propuestos. Estas manifestaciones se han extendido a lo largo del país, con sedes judiciales cerradas y solo atendiendo casos urgentes.
El proceso de aprobación de la reforma aún debe pasar por la discusión en lo particular, donde se han presentado numerosas reservas por parte de legisladores de todos los partidos. Entre las propuestas más controversiales se encuentra la inclusión de jueces sin rostro como una medida de protección en casos de crimen organizado, una idea impulsada por Morena y que ha generado más debate sobre la transparencia y la justicia en el país.
