Por: Jorge Maldonado Díaz
Monterrey.- Para complementar y hacer operativa la reciente aprobación sobre delitos ambientales en el Código Penal de Nuevo León, la bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso Local, propuso la creación de una Fiscalía Especializada de Protección al Ambiente.
La diputada, Ivonne Bustos Paredes, señaló que la propuesta sirve para robustecer el nuevo marco jurídico en esta vía, con la cual, el Estado podrá proteger y sancionar a los depredadores del ecosistema, modificación que representa un parteaguas en la legislación local y con la cual, el derecho fundamental a un medio ambiente sano podrá tener mayores medidas coercitivas para su cumplimiento.
Manifestó que este catálogo de delitos nuevos en los que por ejemplo pueden ser sancionando penalmente con uno a nueve años de prisión, quienes ocasionen incendios, tale o destruya árboles y/ o afecte recursos forestales, descargue contaminante en mantos acuíferos, realice obras sin contar con los permisos de impacto ambiental o en su caso, no cumpla con las medidas establecidas para mitigar el daño ocasionado, entre otros, requiere un seguimiento puntual.
“Actualmente, cómo esta ley todos los asuntos de esta índole son atendidos por la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable, el cual, es un órgano que depende de La Secretaria de Desarrollo Sustentable que concentra aparato burocrático de inspectores insuficiente para atender todos los reportes realizados”.
“Lo que deja a los infractores en clara ventaja frente a la autoridad y que, en caso de encontrarles responsables, solo serían acreedores a sanciones administrativas y monetarias”, destacó en tribuna de Legislativo.
Insistió en que es necesario ir más allá de las medidas administrativas, exigiendo al Estado que que asuma su función especial de regulación de las conductas de los particulares.
Además, la creación de este espacio podría abonar también al cumplimiento los derechos fundamentales establecidos en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna y en nuestro artículo 3 de la Constitución Política del Estado: el derecho a un medio ambiente sano.
“Los tres poderes del Estado, tienen la obligación de garantizar la existencia de un medio ambiente adecuado y propicio para el desarrollo humano”.
“Por lo anterior, el Derecho Humano a un medio ambiente sano, no solo implica que él tenga la obligación de no afectar indebidamente el ambiente, sino que debe de implementar una procuración en defensa del medio ambiente efectiva, que combata las conductas de los particulares que dañan al ambiente”, concluyó.
La iniciativa, que plantea reformas a los artículos 2, 10 y 43 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
