Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el voto en contra de los diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano, la Comisión de Legislación aprobó por mayoría la nueva Ley de la Defensoría Pública para el Estado de la Judicatura.
La iniciativa que en su momento la presento Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León consta de 37 artículos y seis transitorios.
Al darle lectura al expediente se estableció que la defensoría dependerá del Consejo de la Judicatura.
Será un órgano completamente autónomo técnicamente hablando en lo operativo y en el desempeño de sus funciones.
Cuando el titular tenga que ausentarse, el cargo será ocupado por quien lleve el cargo de Subdirector General, y si este tampoco se encuentra, la responsabilidad caerá sobre la Dirección Administrativa.El transitorio segundo se detalla que la Judicatura presentará un Plan Estratégico de Transición, es decir, que el Gobierno del Estado deberá liquidar al Instituto de Defensoría Pública para que el patrimonio de este último pase a la administración del Consejo.
Cabe destacar que durante el debate, las legisladoras del partido naranja se oponían a sacar el tema adelante al considerar que la aprobación violaría una suspensión de una controversia en la Corte que no ha sido resuelta.
Bajo esa atenuante, las diputadas Sandra Pámanes e Iraís Reyes, advirtieron que se estaba cayendo en desacato.
Señalaron que la suspensión de la Corte impedía la ejecución al Acuerdo General Número 8/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León (Poder Judicial), por el que se determina la organización y funcionamiento del Instituto de Defensoría Pública y se ordenó no realizar el nombramiento del titular de éste.
«Nosotras consideramos que violaría la suspensión de la controversia mencionada, el dictaminar esta iniciativa, por lo que hasta que no se resuelva de fondo la controversia no se pueden ejercer los actos inherentes que contravengan dicha resolución de la Corte», expresó Pámanes Ortiz.
Sin embargo, Félix Rocha, presidente de la Comisión, dijo que el Congreso local no formaba parte de la acción ante la Corte y la suspensión sólo era para actos del Poder Judicial y el Ejecutivo, por lo que no había impedimento para dictaminar.
Por tal motivo dijo que este Instituto deberá brindar servicios de defensa jurídica de los indiciados, imputados, procesados y sentenciados por delitos del orden común en los órganos del Poder Judicial del Estado y, en lo concerniente, en materia federal.
