Por: Jorge Maldonado Díaz
El Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León aprobó diversas modificaciones a la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León.
La iniciativa fue a propuestas de las diputadas Iraís Reyes de Movimiento Ciudadano y Perla Villarreal del PRI.
La iniciativa demanda al Estado y a los Municipios a garantizar la vigilancia en puntos clave que puedan ser propicios para la comisión del delito de Trata de Personas como aeropuertos, central de autobuses o estaciones de ferrocarril.
Además de supervisar centros de vicio, lenocinio y demás establecimientos propensos a este delito.
“Se reforman los artículos 2, 3, 7, 8, el último párrafo del artículo 17, el artículo 19; y por adición los artículos 2 Bis, 2 Ter, 15 Bis, 23 y 24 todos de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado”.
“El delito de la Trata de Personas se encuentra en el tercer lugar de los delitos transnacionales con mayor incidencia, después del narcotráfico y el tráfico de armas”.
“Además es el segundo negocio ilícito más redituable para la delincuencia organizada”, señaló la legisladora del partido naranja.
La iniciativa aprobada, también busca actualizar el marco normativo en esta materia por medio de un glosario de términos, principios y criterios para la correcta aplicación de esta Ley.
“Entre los conceptos que se plantean en las modificaciones aprobadas se encuentran el reconocimiento a la dignidad humana; el proyecto de vida donde se aborda la realización integral de una persona en el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad.
“Así como la perspectiva de género, para garantizar la igualdad en derechos, oportunidades y acceso a la justicia entre hombres y mujeres”, expuso Reyes.
En la propuesta también se desglosan otros conceptos importantes como la no victimización secundaria, la igualdad y no discriminación, y la no criminalización.
“Actualizar el marco normativo en esta materia no solo es nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores, sino una necesidad para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, concluyó.
