Por: Jorge Maldonado Díaz
Al considerar que los ciudadanos de Nuevo León tienen derecho a respirar un aire limpio, la Comisión del Medio Ambiente del Congreso Local aprobó por unanimidad modificaciones a la Ley de Medio Ambiente.
Claudia Tapia Castelo, coordinadora de la bancada Independiente Progresista y promovente de la iniciativa aseguró que con los cambios se estaría contemplando la creación de una comisión especializada para combatir las contingencias atmosféricas.
Además, esto pondría al estado de Nuevo León como la primera entidad del país en establecer el “Derecho a respirar aire limpio.
Lo anterior resulta interesante, toda vez que de acuerdo con las autoridades estatales en el 2019 se registraron 181 días dañinos para la población, mientras que el en 2020 fueron 179, y en lo que va del 2021 ya van 99.
“La calidad del aire debe ser un tema prioritario en nuestra agenda pública, puesto que hoy nuestras niñas, niños, adultos mayores y población en general viven en un estado sumergido, literalmente, en una nube gris repleta de partículas tóxicas que se encuentran en el aire que respiramos y son las responsables de poner en riesgo nuestra vida al provocarnos enfermedades respiratorias y alergias”, manifestó la legisladora.
El dictamen analizado este jueves por los diputados integrantes de la comisión promueve una adición a la fracción XXXI BIS al artículo 3, y modificación de la fracción XI del artículo 1, la fracción II del artículo 131, el artículo 133 y 191, todos de la Ley Ambiental para el estado de Nuevo León.
De acuerdo con la propuesta se especifica que la Comisión especializada será integrada por organizaciones no gubernamentales, académicos, dependencias estatales y municipales.
Durante el debate, la diputada Guadalupe Rodríguez Martínez planteó un artículo transitorio para contemplar que el Gobierno destine los recursos necesarios en la Ley de Egresos para implementar la reforma.
“De conformidad a la disponibilidad presupuestal pedimos que se destinen los recursos y evitar que la reforma sea vetada por carecer de una estimación de impacto en las finanzas del Estado”.
Lo anterior lo señaló porque cada vez que aprueban una ley en donde se tienen que destinar recursos, el gobierno la veta.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad y se espera que sea votada, entre otros asuntos, en un décimo periodo extraordinario pactado para agosto.
