Por: Jorge Maldonado Díaz
Apoyados por la bancada Independiente, las fracciones del PRI y el PAN aprobaron cambios a la constitución en donde le quitaron el derecho al veto al Gobernador del Estado para la elección del Fiscal General también le quitaron dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica y aplicaron lo que establecieron una moción de censura.
Con esto último, los legisladores también avalaron que no solo será atribuciones de ellos la designación del Tesorero y Secretario General también lo harán con el personas de segundo nivel en esas áreas.
La bancada de Movimiento Ciudadano califico de excesiva estas modificaciones, ya que, con esto, las bancadas mayoritarias pretendían desaparecer al Poder Ejecutivo.
“Son facultades del Congreso Ejercer moción de censura para destituir, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a uno o varios Secretarios de Estado o a la totalidad del Gabinete”, se incluyó en la fracción 54 del artículo 96.
En ese mismo artículo se contempla que el Congreso deberá expedir la Ley de Gobierno de Coalición Local.
“Expedir la Ley de Gobierno de Coalición Local, la cual contendrá las reglas mínimas para reglamentar la unión del partido en el Gobierno con uno o más partidos políticos cuya suma alcance una representación mayoritaria en el Congreso del Estado, convocados de manera expresa por el Gobernador del Estado o por los dirigentes partidistas, para elaborar y establecer el compromiso de impulsar conjuntamente un programa de gobierno compartido, el cual será sometido a la aprobación del Congreso del Estado.
«El Gobierno de Coalición adquiere una corresponsabilidad tanto en el ámbito ejecutivo como legislativo ya que su programa será ejecutado por el gobierno coaligado que acuerden los partidos políticos que participen en la coalición y permanentemente evaluado por el Congreso del Estado».
Durante la sesión se determinó que la Fiscalía General de Justicia será la única competente del Estado para generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de las personas físicas y morales, que conlleve a la investigación de hechos presumiblemente ilícitos, lo que implica dejar sin dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE).
La emecista Iraís Reyes de la Torre aseveró que panistas y priistas se querían engolosinar al adjudicarle todo al Congreso, y considero que esta serie de cambios era una “borrachera de poder”.
“Esto atenta contra la facultad del Ejecutivo de elegir a su equipo, a su Gabinete es un montón de situaciones irregulares adoptadas porque quieren quedarse con todos los Poderes”.
“Es mucha borrachera de poder, es mucha glotonería de poder”, aseveró la legisladora del partido naranja.
Ante la determinación del resto de las fracciones, la diputada Sandra Pámanes Ortiz dijo que era una vergüenza la actitud de sus compañeros que tendrían que recurrir a la Suprema Corte.
