Por: Jorge Maldonado Díaz
La nueva ley que brindará apoyo económico, técnica y jurídico a las ONG’s fue aprobada este martes por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas.
Marco Antonio Decanini, diputado priista señaló que se trata de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Nuevo León.
Durante la mesa de trabajo, el legislador aseveró que la reforma consta de 45 artículos y 8 transitorios.
Luego de ser avalada la iniciativa, los diputados coincidieron al señalar que todo aquel organismo no gubernamental debidamente registrado seguirá recibiendo financiamiento del gobierno, así como el apoyo técnico y jurídico.
“Se establece la creación de un registro estatal, que permitirá a las organizaciones debidamente registradas y constituidas acceder a apoyos de índole económica, técnica y jurídica para continuar con sus actividades”.
Durante el debate se dejó en claro que dentro de la ley, el Estado tendrá la obligación cada año implementar una campaña para otorgar facilidades administrativas en el pago de derechos por la inscripción de la constitución de las agrupaciones en la dirección de Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Además, propone la creación de un Comité Técnico para el Fomento de las Actividades de la Sociedad Civil que será integrado por el titular del Ejecutivo; de la Secretaría de Desarrollo Social; de la Secretaría de Finanzas; del DIF; de la junta de asociaciones de beneficencia pública; de un diputado de la Comisión de Desarrollo Social.
“Se crea un Comité y un Consejo que coadyuvarán con la Secretaría de Desarrollo Social, tendrán voz para la toma de decisiones para seleccionar a las organizaciones beneficiadas”, indicó el legislador priista.
Cabe destacar que este consejo estar representado por seis representantes de organizaciones de la sociedad civil, un representante de una universidad, y un secretario técnico nombrado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado.
Una vez que fue aprobara la nueva ley por unanimidad, la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas turnara el dictamen ante el pleno, para que este sea avalador por los 42 diputados.
