Por: Jorge Maldonado Díaz
A casi un año de que el ex Gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón vetara la Ley de Protección Civil, esta se quedado en el limbo, lo que ha afectado enormemente a corporaciones como Bomberos y la Cruz Roja.
Esta reforma obliga al estado y a los municipios a incluir dentro de su presupuesto estas dependencias de auxilio.
De esta forma, la corporación contará con recursos suficientes para su operación y no se vuelva a presentar lo ocurrido desde el 2020, que por la falta de dinero, delegaciones como García, Santa Catarina, Linares, Salinas Victoria y Montemorelos tuvieron que cerrar por la falta de capital para su mantenimiento.
Además, la nueva ley señala que el servicio que prestan los bomberos también tendrá un costo a los particulares.
La ley vetada, permitiría a los 51 municipios cuenten con una estación de bomberos, lo que permitirá superar la crisis económica por la que atraviesa la corporación y que obligó a cerrar tres de ellas en igual número de demarcaciones.
En ese entonces, el mandatario estatal veto la ley con el argumento de que el Congreso del Estado incumplió con la Ley de Disciplina Financiera.
Al aprobar la reforma, a decir del mandatario estatal, los diputados no presentaron el impacto económico de lo que la nueva Ley establece con relación a las partidas para la operación de los Bomberos.
Señalo que con la Ley de Protección Civil abría un incremento presupuestal que contradice el marco regulatorio vigente previsto en el artículo 23 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León.
Desde entonces, la ley quedo entre las cajas del archivo sin que la comisión encargada del análisis haya citado a mesas de trabajo.
Paso el primer año de trabajo legislativo, y los diputados no pudieron sacar una serie de temas que formaban parte de la Agenda Mínima.
A quienes han afectado este tipo de situaciones, son a las corporaciones pues el flujo de los recursos se ve disminuidos, y por tal motivo, no pueden prestar el servicio que la ciudadanía requiere.
