Las acusaciones recaen en la violación al Capítulo 2 del T-MEC dedicado al Acceso al Mercado en específico los artículos 2.3 y 2.11 relativos al trato nacional y a restricción de importaciones y exportaciones respectivamente.
Y al Capítulo 14 dedicado a Inversión en su artículo 14.4 relativo al trato nacional así como al Capítulo 22 dedicado a Empresas Propiedad del Estado en su artículo 22.5 en el que se establece que los entes reguladores de dichas empresas deben actuar imparcialmente.
Las declaraciones fueron hechas por un alto directivo de la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR) quien pidió el anonimato, y que en concreto niegan el acceso al mercado mexicano a compañías privadas y dar preferencia a Pemex y CFE.
«El objetivo aquí es, como siempre, obtener una solución: reabrir realmente el mercado para permitir que nuestros inversores y nuestras empresas operen allí (en México)», apuntó el funcionario.
De acuerdo con funcionarios del USTR, la Administración del Presidente Joe Biden está consciente que este apenas es el primer paso de lo que ese prevé sea un largo proceso de solución de disputas y que en estos momentos confía en una resolución vía consultas y no en reparar daños vía establecer aranceles.
«El éxito (de este proceso) no son los aranceles pues eso no restablece acceso al mercado (mexicano) ni consigue nuestros objetivos. (Los aranceles) son una posibilidad en el futuro si no podemos resolver esto a través de otros medios pero no es a dónde nos dirigimos en este momento», dijo el funcionario de USTR.
Tras el anuncio de USTR, la Secretaría de Economía (SE) informó que recibió la solicitud para el inicio de consultas por parte de EU con relación a la política energética.
Las consultas son una serie de diálogos en la que las partes buscarán un común acuerdo. En caso de no lograrlo el solicitante, en este caso Estados Unidos, pasaría al establecimiento de un panel de solución de controversias.
De manera más concreta, la Administración Biden busca que el Gobierno del Presidente López Obrador de marcha atrás en por lo menos cuatro acciones concretas de las cuáles la primera es la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica que da preferencia a plantas de la CFE.
En segundo lugar, el Gobierno de EU va en contra de la inacción, demoras, denegaciones y revocaciones de diversos permisos para empresas privadas en el sector energético mexicano que incluyen entre otros el dar preferencia a la paraestatal PEMEX en la venta minorista de gasolina.
También, los funcionarios de USTR denunciaron como violatorias del acuerdo comercial regional la decisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de 2019 para ampliar hasta el año 2025 el plazo para que Pemex reduzca el contenido de azufre en el diesel comercial (de 500 a 15 partes por millón).
En un cuarto punto, la Administración Biden también busca la eliminación del reciente decreto de junio de 2022 por el cual la Secretaría de Energía (Sener) obligaba a las empresas privadas a comprar gas natural a Pemex y CFE, argumentado que tienen capacidad en exceso que estas no aprovechan.
