Por: Jorge Maldonado Díaz
Por no haber presentado la Ley de Egreses para el año 2023 y por la omisión de publicar los decretos aprobados por el pleno del Congreso Local, el PRI Estatal presentó un juicio político en contra del Gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda.
José Luis Garza Ochoa, presidente estatal del Revolucionario Institucional criticó el hecho de no haber presentado la Ley de Egresos tal y como lo marca la Constitución, ya que esto afectará a todos los municipios, a los órganos autónomos, al Poder Judicial.
Lo anterior porque no le permite al Congreso deliberar los cambios que requiere el Estado en cada rubro para modificar las necesidades para el 2023.
“El Ejecutivo han publicado algunos decretos en estos últimos días, y otros no. Por lo que ha sido discrecional en su actuar, ninguna autoridad puede decidir cuándo cumplir la ley y cuando no cumplirla, simple y sencillamente, el Ejecutivo no puede secuestrar a otro Poder”.
El líder de los priistas de Nuevo León señaló que la Constitución es bastante clara y el Ejecutivo debió entregar la propuesta del presupuesto el día 20 de noviembre y no lo hizo.
Argumentó que jamás había sucedido algo similar ya que siempre se presentan en conjunto, tal y como lo hizo el año pasado al entregarlo en conjunto sin “esperarse” a aprobar la ley de ingresos.
“El Gobernador señala que no lo entregó porque no se ha aprobado aún la ley de ingresos, este es otro ejemplo del Ejecutivo que incumple con la ley arbitrariamente”.
“Los precedentes que señala el Gobernador que ya ha pasado en otros Estados, es porque no se alcanzó a aprobar el presupuesto en el año en curso, pero no por no haber presentado el proyecto por el Ejecutivo”, indicó Garza Ochoa.
El dirigente estatal del PRI aseveró que esto deja al Estado en incertidumbre y los principales afectados son los ciudadanos, porque no se puede discutir de manera legítima por los diputados y por todos los actores involucrados el presupuesto.
“No se puede permitir que un solo poder, una sola persona decida qué hacer con el dinero de todos los neoloneses”.
“El Ejecutivo no puede secuestrar el dinero de todos los ciudadanos”, manifestó Garza Ochoa.
La solicitud de juicio político la presentaron este lunes en la Oficialía de Partes del Congreso Local para que sea turnada a alguna comicioón.
