Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de que las autoridades designen más traductores, para los trámites de las comunidades indígenas y afromexicanos que habitan en Juárez y diversos municipios no Metropolitanos, el Congreso Local aprobó reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas.
De esta manera, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión Estatal tendrá la obligación de hacer valer esta ley.
“Los indígenas y afromexicanos tienen derecho al acceso efectivo a los servicios de salud física y mental, así como al acceso a asistencia social sin discriminación alguna y preferentemente serán proporcionados en su lengua y con asesoría adecuada, dichas asesoría podrá ser realizada mediante el uso de herramientas digitales”, se establece en el artículo 18.
En la reforma al artículo 31 se establece el uso de medios digitales para la atención de personas afroamericanas e indígenas.
“En los procesos penales, civiles, administrativos o cualquier procedimiento desarrollado en forma de juicio, que sea competencia de las autoridades del Estado y donde intervenga un indígena o afromexicano, éste contará con un abogado o defensor público y un traductor que conozca su lengua y cultura”.
“Dicho traductor podrá apoyar mediante el uso de herramientas digitales, para garantizar plenamente el derecho de acceso a la justicia. Los jueces y tribunales deberán tomar en consideración, la condición indígena del acusado”.
Las reformas, que fueron propuestas por el Diputado local del PRI, Ricardo Canavati Hadjópulos, se aprobaron por unanimidad e implica ajustes a los artículos 3, 18 y 31 de la Ley.
“Hay una base de datos que dice que son 18 traductores que están certificados por un organismo federal, se necesitan más traductores y que estén disponibles de más formas para que no tengan que estar presenciales, sino también por vías digitales”.
“Los que están certificados por un instituto son 18 para los derechos, hay, principalmente, comunidades asentadas en Juárez y otros municipios periféricos como García, son más de 77,500 personas en Nuevo León, de acuerdo con organizaciones civiles”, dijo Canavati.
