Por: Jorge Maldonado Díaz
Para que quede establecido que las personas que fueron condenadas por violencia política de género, familiar, doméstica o sexual, no puedan ocupar cargos públicos de elección popular, la bancada de Movimiento Ciudadano del Congreso Local presento una iniciativa de reforma a la Constitución en materia de violencia contra las mujeres.
La diputada Sandra Pámanes Ortiz dentro de la propuesta se establece que no podrán ser funcionarios aquellos o aquellas personas que estén como deudor alimentario o moroso en sus obligaciones alimentarias.
Estos requisitos, precisa la iniciativa, aplicará para cargos como diputados, alcaldes, gobernador, fiscales (general, electoral y anticorrupción), así como para magistrados.
La diputada Sandra Pámanes Ortiz dijo que en Nuevo León la violencia familiar y los feminicidios son los delitos que imperan en la localidad.
Sin embargo, se debe garantizar la impartición de justicia y sancionar conforme a Derecho todo tipo de violencia contra las mujeres.
Actualmente, indicó la legisladora, existen lineamientos en la Ley Electoral para que los partidos políticos nacionales y locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género a través del criterio “3 de 3 contra la Violencia”, pero hace falta que quede establecido en la Constitución de Nuevo León.
“Estos son los requisitos para las candidaturas o para poder acceder a un cargo de elección, y estas ‘3 de 3’ son el proteger los derechos de las mujeres al no permitir que cualquier persona que haya infringido los supuestos de violencia política de género, de violencia familias, acoso, puedan acceder, e incluso, sean deudores alimentarios, que puedan formar parte de un cargo de elección”, dijo la Diputada.
Su objetivo, detalló Pámanes, es brindar garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia, pero es necesario establecerlo en la Constitución local para reforzar el marco legal en contra de la violencia política en razón de género.
“La idea es que el derecho de todos los ciudadanos para que podamos ser protegidos, sobre todo el derecho de las mujeres a no haber sido violentadas en ninguno de estos casos, se eleve a rango Constitucional”, comentó.
“Hemos dependido mucho de los lineamientos que establecen los órganos electorales, de decisiones que debe tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí lo que proponemos es que ya desde nuestro marco Constitucional no hay ninguna limitante y que tampoco haya quien estando en estos supuestos pueda siquiera pensar en acceder a un cargo público”.
