Por: Jorge Maldonado Díaz
Para poder implementar la Justicia Cívica en el estado de Nuevo León, el Congreso del Estado tendrá que hacer ajustes al presupuesto del 2023 para poder dotar de recursos a los municipios.
Javier Caballero Gaona, diputado del PRI revelo que esto será necesario para que este mecanismo pueda funcionar.
“Necesitamos sacar este proyecto en el próximo periodo para poder negocios que los municipios periféricos, rurales y aquellos que no tienen suficientes recursos económicos, construir un presupuesto para que puedan arrancar con este modelo”, señaló.
El legislador dijo que hasta una vez terminado las mesas de trabajo podrán definir un presupuesto para que los ayuntamientos puedan ejercer la Justicia Cívica.
“El tema principal será ver una construcción con el ejecutivo sobre la posibilidad de vincular un presupuesto de inicio para que los municipios puedan desdoblar este modelo de Justicia Cívica”.
“Porque definitivamente esto implica un gasto adicional y dependerá obviamente de lo que se platique con el gobernador”.
“Lo que si hemos dejado claro que serán presupuesto alcanzable, queremos que haya un presupuesto de salida, porque queremos que sea una realidad y no quede solo en letra muerta, no una ley que le genere obligaciones a los municipios y si no vienen acompañados de un apoyo, seguramente serpa complicado que se pueda llevar a cabo”, manifestó.
Caballero Gaona señalo que en la actualidad algunos municipios del área metropolitana ya han estado implementando este modelo y ha estado dando resultados sobre todo en Justicia Cívica Vial.
Los mecanismos alternativos y lo que hemos estado viendo que se solucionan por medio de esta ley, son conflictos vecinales, alto nivel de ruido, son problemas que tiene que ver en temas de animales y hay un gran tema de justicia vial, algunos municipios lo han estado implementando”
La Justicia Cívica permite atender de manera rápida y ágil los conflictos entre ciudadanos derivados de la convivencia cotidiana, evita que éstos escalen y facilita su resolución pacífica.
Funge como política pública de prevención del delito, pues evita que los conflictos deriven en conductas violentas o delictivas, fomentando la cultura de la paz.
Asimismo, procura que las faltas administrativas y conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad para que el infractor reconozca el daño social que causa y lo restituya.
