Por: Jorge Maldonado Díaz
Para erradicar el abuso financiero en contra de los adultos mayores, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local presentó una iniciativa para modificar el Código Penal local y tipificar el delito de explotación financiera y sancionar con seis meses a cuatro años de prisión.
El coordinador de la fracción, Eduardo Gaona Domínguez explicó que existen casos en los que los adultos mayores, quienes reciben un salario o pensión, son víctimas de abuso económico por parte de sus propios familiares o empleados de instituciones financieras.
“Hay puntas en la vida del adulto mayor en los que obtiene ingresos que es el pago de su pensión mes a mes, y también el pago de aguinaldos, o bien, cuando retira una parte importante de la pensión que está permitida por ley, ahí es cuando hay un mayor aprovechamiento de diferentes personas”, dijo.
Aseguro que es en el núcleo familiar en donde principalmente se reporta la violencia patrimonial en contra de las personas de la tercera edad.
En Nuevo León, en el año 2016, el 10.2 por ciento de la población mayor declaró haber sido víctima de algún tipo de maltrato por parte de algún familiar, según estimaciones de la ENCOVIPAM.
Gaona Domínguez indicó que el desconocimiento tecnológico en finanzas personales también forma parte de las causas por las que los adultos mayores son víctima de abuso económico.
“Ese desconocimiento provoca que no le entiendan y que haya un aprovechamiento de mucha gente que precisamente está atentando contra la dignidad humana de nuestros adultos mayores y cometiendo una explotación financiera”, comentó.
Y es que los adultos mayores difícilmente pueden hacer libre uso de instrumentos digitales o electrónicos como apps telefónicas, cajeros o tarjetas de débito o crédito por problemas visuales o de movilidad, aumentando el riesgo de su situación como población vulnerable.
Es por eso que, al tipificar la explotación financiera, “comete el delito al que por cualquier acto u omisión controle, manipule, retenga o sustraiga los bienes económicos, salarios, pensiones, o ingresos de las percepciones de una persona adulta mayor de sesenta años y se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y multas de cien a doscientas cuotas”, dice la iniciativa.
