Por: Jorge Maldonado Díaz
Por mayoría, el Congreso del Estado aprobó cambios a la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey con el que ahora el Consejo de Administración de este organismo contara con un diputado en representación del Congreso.
Esto con el único afán de que en las sesiones que se vayan a dar para ver la cuestión del incremento a las tarifas, el Congreso del Estado tenga voz y voto, y de esta forma evitar tarifazos a futuro.
El objetivo del tema es que exista la figura de un diputado para que representen a la ciudadanía.
Cabe destacar que la Junta de Gobierno tiene dentro de sus atribuciones lo concerniente a la autorización de tarifas del transporte público, una atribución directamente relacionada con el derecho a la movilidad.
Lorena de la Garza Venecia señaló que la intención de la iniciativa es incorporar la representación del Poder Legislativo dentro del Consejo de Administración de Metrorrey, ya que las decisiones tomadas al interior del organismo son de interés público.
“La ciudadanía no estaba presente, por eso aprobamos integrar un diputado al Consejo, como en otros, y pues digamos que no se toma el voto popular considerado a través de nosotros, y por eso decidimos que un diputado tuviera lugar en ese consejo cuando existan situaciones de infraestructura o de tarifas”, dijo Lorena De la Garza.
Al someter el dictamen a votación ante el pleno, este fue aprobado con 31 votos a favor y 11 en contra.
Durante la sesión, los diputados aprobaron por unanimidad modificaciones a la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, en relación a las medidas de seguridad en el metro.
De tal forma que ahora se deberá de destinar un vagón exclusivo mujeres, niñas y niños menores de 12 años.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Anylú Bendiciones Hernández señalo que esto no cambiará con la forma operacional del Metro ya que seguirá prestando el servicio en un horario normal, de manera permanente e ininterrumpida.
De esta forma, ahora el gobierno del Estado tendrá un plazo de 60 días para que surta efectos.
