Monterrey, NL
Jorge Maldonado Díaz
Para obligar a que los funcionarios o servidores públicos atiendan las recomendaciones realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Congreso del Estado aprobó en primera vuelta modificaciones a la Constitución Política del Estado.
Quienes hagan caso omiso a esto, serán citados por el Congreso Local para que explique el porqué de la postura, de lo contrario estarían cayendo en desacato.
“Dicha reforma constitucional aplicada en el artículo 102 apartado b, dispone que las Legislaturas de los Estados deberán contar con un organismo de protección de los derechos humanos, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, formulando las recomendaciones respectivas y a las que todo servidor público está obligado a responder”.
“Sin embargo cuando éstas no sean aceptadas o cumplidas, los servidores públicos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa, y de no hacerlo, los órganos protectores de los derechos humanos podrán solicitar a las Legislaturas o sus Comisiones Permanentes, según sea el caso, para que comparezcan los servidores públicos ante los Cuerpos Legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa”, comentó el Diputado Horacio Tijerina de Movimiento Ciudadano.
La modificación responde a una reforma hecha también a nivel federal, en donde ya se da esta facultad al Congreso.
Vejez digna
Por otra parte, los legisladores aprobaron implementar el día 15 de junio de cada año como el Día Estatal de la Toma de Conciencia Sobre el Abuso y Maltrato a la Vejez.
Los diputados señalaron la importancia de esta celebración, debido a que según la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada en el 2016 se encontró que en el país hay 13.8 millones de personas mayores de 60 años, representando un crecimiento de 8.6 por ciento en comparación con las cifras del 2014.
“El maltrato a las personas adultas mayores representa un grave problema social que afecta sus derechos humanos en especial su derecho a la salud”.
“Se considera que el maltrato a las personas adultas mayores constituye un tabú y sigue siendo uno de los tipos de violencia menos atendidos en los estudios que se llevan a cabo a nivel nacional, además de ser uno de los más olvidados en los planes de acción, señalo, el diputado Eduardo Leal, de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables
Al escuchar el veredicto varias personas de la tercera edad que estuvieron en el Congreso aplaudieron la acción.
