Por: Jorge Maldonado Díaz
Por posibles hechos de corrupción y faltas administrativas graves, la bancada de Movimiento Ciudadano del Congreso Local presentaron tres denuncias contra quien resulte responsable por el desvió de más de 190 millones de pesos al estado.
Las querellas se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado, así como en la Unidad Especializada en Delitos Fiscales de la Fiscalía General de la República.
Las Diputadas Iraís Reyes, Sandra Pámanes, Brenda Sánchez y Tabita Ortiz señalaron que en los hechos podrían estar involucrados desde servidores públicos, entidades de gobierno y empresas particulares.
Manifestaron que esto se derivó de presuntas empresas fantasmas y personas físicas que facturaron por 190 millones 607 mil 138 pesos por la prestación de diversos servicios a distintas dependencias del Gobierno de Nuevo León, que se presume fueron operaciones simuladas.
“No tenemos ninguna forma de garantizar que estos hechos ilícitos tengan consecuencias si no presentamos las denuncias correspondientes”.
“Lo que buscamos es que exista una sanción a las personas responsables, pero sobre todo recuperar el dinero perdido para nuestro estado. Batallamos con presupuestos, tenemos un déficit financiero y todavía encontramos estas redes de corrupción”, dijo la diputada Iraís Reyes.
De acuerdo con la documentación que presentaron ante las diferentes instancias en total son 120 empresas de las cuales 64 fueron contratadas en la Administración de Rodrigo Medina, 36 en la de Jaime Rodríguez y el resto en ambas administraciones.
Dentro de las pruebas que presentaron señalan que tan solo 32 de las empresas concentraron el 96 por ciento de los recursos otorgados, es decir, 182 millones de pesos.
Por si esto fuera poco, de estas 32, al menos 18 que están relacionadas entre sí a través de sus integrantes.
“La sanción posible por la parte penal es prisión; por la parte administrativa es inhabilitación para las empresas, para los funcionarios, pero sobre todo una consecuencia sería recuperar los millones de pesos perdidos”.
“Ésta no es una denuncia decorativa, ni es una denuncia por simpatía. Es una denuncia en la que realmente vamos a estar insistiendo hasta el final”, declaró.
Como parte de las acciones legales, las legisladora presentaron una solicitud para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga una investigación a profundidad para rastrear los recursos desviados.
Para que esto se esclarezca lo más transparente posible, también se denunciará ante la Unidad de Inteligencia Financiera local para que haya resultados favorables.
