Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por improcedencia, el Juez Octavo de Distrito con sede en la Ciudad de México negó el amparo interpuesto por el gobernador tamaulipeco, Francisco Javier Cabeza de Vaca, con el cual pretendía echar abajo el proceso que llevó a cabo la Cámara de Diputados para su desafuero.
En su demanda dijo que la Cámara de Diputados se extralimitó en sus facultades, ya que unilateralmente determinó remover la inmunidad constitucional que le fue conferida por virtud del cargo que ocupa y ponerlo a disposición de las autoridades penales correspondientes a efecto de que se sigan los procedimientos respecto de los delitos que se le imputan.
“La litis planteada por la parte quejosa no es procedente en el juicio de amparo, dado que pretende impugnar una resolución que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emitió en uso de una facultad exclusiva y soberana que le fue conferida constitucionalmente y en la que, bajo un estudio superficial [de dicha resolución]se observaron las pautas que constitucionalmente se han emitido para dicho efecto”, detalló el juez Martín Adolfo Santo Pérez.
Santos destacó que los procedimientos respecto a dichas figuras jurídicas deben ser material de control constitucional, de ahí que haya declarado improcedente la solicitud de García Cabeza de Vaca.
El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados avaló el desafuero del gobernador de Tamaulipas, para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda ejercer acción penal en su contra por el delito de defraudación fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos, pero el Congreso de Tamaulipas frenó el proceso y dejó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la resolución final del caso.
La FGR también informó que el gobierno de Estados Unidos envió a México información sobre presuntas operaciones ilícitas realizadas por el gobernador de Tamaulipas y su familia, que se sumarían a la carpeta de investigación que se lleva en su contra.
García Cabeza de Vaca en respuesta a lo anterior, dijo que le han negado acceso al expediente que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades mexicanas y rechazó haber realizado operaciones o transferencias ilícitas en ambos países.
