Por: Jorge Maldonado Díaz
Monterrey, N.L. Para atender adecuadamente el daño ecológico que representan las baterías de desecho, el Grupo Legislativo del PRI presentó una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado para que se establezca como obligación de las dependencias públicas tener, por lo menos, un contenedor de estos residuos
El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa dijo que esta modificación a la ley alcanzaría a los comercios dedicados a la venta de estos artículos para que cuenten con depósitos específicos.
Al entregar el documento en la Oficialía de Partes del Congreso Local, el legislador dijo que se trataba de adicionar a la ley esta obligatoriedad en el artículo 172 Bis 2.
“En específico existe un problema al que poco se le ha puesto atención y que resulta de gravedad, es el manejo que se les da a las pilas y las baterías, que son consideradas por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, como residuos de manejo especial o bien residuos de manejo peligroso”.
“Estos residuos pueden contener sustancias que dañan, en primera, el medio ambiente, el agua e, incluso, pueden llegar a dañar a los animales y hasta al ser humano”.
“En este sentido no existe una cultura para la separación y manejo de este tipo de residuos, primordialmente porque no existen muchas opciones para depositarlos, haciendo que las personas los mezclen con los residuos habituales generando un grave problema de contaminación y de salud pública”.
Sería la Secretaría de Desarrollo Sustentable la encargada de hacer las inspecciones para verificar la instalación de los contenedores en todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los municipios, el Congreso del Estado, el Poder Judicial y comercios.
“Con esta iniciativa, buscamos tener beneficios como crear una cultura de separación de residuos y de cuidado al medio ambiente, apoyo de la entidades gubernamentales y poderes del Estado para dicho propósito, que hay empatía en el cuidado del medio ambiente y acercamiento de los ciudadanos con las autoridades”.
El Legislador del GLPRI refirió que, de acuerdo a estudios ambientales, en México cada persona consume, en promedio, 10 pilas al año, lo que genera un grave problema al no existir una cultura para la separación y manejo de este tipo de residuos, primordialmente porque no existen muchas opciones para depositarlos y es común que se mezclen con los desechos habituales, lo que genera contaminación y daños a la salud pública.
