Por: Jorge Maldonado Díaz
Para fortalecer la protección de las personas adultas mayores y garantizar que se cumplan las obligaciones alimentarias que establece la ley, la bancada de Movimiento Ciudadano propuso crear el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias en Nuevo León.
La diputada Paola Linares López dijo que su propuesta plantea adicionar un nuevo capítulo a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado, con el objetivo de concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias y facilitar la protección y restitución de los derechos de las personas adultas mayores.
“Las personas adultas mayores pueden tener el carácter de acreedores alimentistas, es necesario ejercer por todos los medios posibles el evitar riesgos en su incumplimiento y acotar de igual manera en todo lo posible a fin de garantizar este derecho”, señaló.
También se contempla que el registro sea actualizado mensualmente y que la información sobre deudores morosos pueda ser consultada bajo las disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales.
Además, establece que el Poder Judicial del Estado deberá suministrar y actualizar la información correspondiente.
Entre las medidas planteadas se encuentra la emisión de certificados de no inscripción, los cuales podrían ser requeridos para diversos trámites, entre ellos la obtención de licencias y permisos para conducir, candidaturas a cargos de elección popular, aspiraciones a cargos judiciales y determinados actos ante notario.
También se contempla que, en las solicitudes de matrimonio, el Registro Civil informe si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito y la situación de sus obligaciones.
La iniciativa también establece mecanismos para impedir que el incumplimiento de una obligación alimentaria sea utilizado para evadir su pago mediante la salida del país, cuando se trate de un deudor alimentario moroso y exista un riesgo determinado por la autoridad judicial.
“Con esta propuesta se busca reforzar las herramientas jurídicas e institucionales para que las personas adultas mayores puedan ejercer plenamente su derecho a recibir alimentos y contar con condiciones dignas durante esta etapa de su vida», agregó.
De aprobarse, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León tendría hasta 180 días hábiles para implementar el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias, mientras que las autoridades estatales y municipales contarían con plazos posteriores para armonizar sus reglamentos y disposiciones aplicables.
