Por: Jorge Maldonado Díaz
Para mejorar el seguimiento de procesos judiciales complejos y evitar que permanezcan años en la incertidumbre, Samara Pérez Muñiz, madre de Brad Xavier Muraira Pérez una de las víctimas que murieron en ataque e incendio del Casino Royale presento una iniciativa ante el Congreso Local.
La propuesta que presentó es para que se expida la Ley para la Gestión Institucional y Garantía de Derechos en Macroprocesos Judiciales.
La iniciativa surgió de su experiencia durante los 15 años que ha dado seguimiento al caso del Casino Royale, por lo que afirmó que la falta de coordinación entre instituciones ha generado contradicciones, pérdida de continuidad y falta de información para las familias.
Con esta Ley se busca ocupar el espacio que la competencia estatal permite, mediante organización administrativa, coordinación entre instituciones, gestión documental, continuidad del servicio público, atención e información a víctimas, evaluación institucional, entre otras.
“En macroprocesos judiciales, la falta de coordinación institucional, produce contradicciones, pérdida de continuidad y años de incertidumbre y Casino Royale no lo demostró ya durante 15 años”.
“Por eso, esta iniciativa no se limita a un sólo caso en materia penal, busca beneficiar a víctimas, a personas procesadas, familias, partes y demás personas vinculadas con procesos complejos de distintas materias”.
“En la Ley se proponen criterios automáticos para identificar estos macroprocesos, planes especiales de gestión, matrices de seguimiento, alertas de inactividad, información, respeto de la independencia judicial, la autonomía de las Fiscalías y las competencias constitucionales”, indicó.
La madre de la víctima aclaró que la iniciativa no pretende intervenir en las decisiones de jueces o fiscales, sino mejorar la organización institucional y garantizar que las personas involucradas en procesos de larga duración no queden en el abandono.
“Se crea una mesa técnica de coordinación que no tiene, ni puede tener, facultades para intervenir en decisiones jurisdiccionales, t ordena algo que hoy no ocurre de manera uniforme ni coordinada: que las discrepancias entre registros institucionales se detecten, se documenten y se concilien.”
“Que un cambio de personal no borre el conocimiento acumulado sobre un caso, que cada recurso y cada amparo se relacionen con su efecto concreto, no solo con su número de expediente, que las víctimas reciban información periódica, accesible, verificable y diferenciada, en vez de cifras que no dicen nada sobre su caso particular”, aseveró.
Pérez Muñiz dijo que la Ley no busca señalar culpables ni ajustar cuentas con nadie, sino que las instituciones respondan mejor a quienes las necesitan, sean víctimas o personas procesadas.
