Por: Jorge Maldonado Díaz
Para acabar con las malas prácticas que año tras año dejan a miles de niños fuera de las escuelas cercanas a sus propias colonias, la bancada Independiente en el Congreso Local presentó una iniciativa de reforma a la recién publicada Ley de Educación del Estado de Nuevo León.
La diputada Rocío Montalvo Adame, dijo que la propuesta busca blindar el derecho de arraigo comunitario estableciendo en la ley un criterio de proximidad geográfica transparente para la asignación de matrículas en los planteles públicos de educación básica.
La legisladora explicó que el actual marco legal regula el proceso de inscripción solo de manera superficial, lo que puede fomentar la discrecionalidad administrativa por parte de las autoridades en los planteles.
Al no existir reglas claras, en muchas escuelas se ha normalizado el desplazamiento de menores que viven a unos cuantos metros o cuadras de los planteles para otorgar esos espacios a alumnos de zonas lejanas o de otros municipios, fracturando la planeación familiar y el tejido social de las comunidades.
“No es aceptable que la asignación de un cupo en un platel público no sea transparente, porque eso puede dar pie a temas de corrupción como sobornos o dádivas. Hay muchos niños que viviendo cerca de una escuela son obligados a inscribirse en otra que les queda lejos, eso los enfrenta a trayectos largos, que pueden afectar su rendimiento académico”.
“Además, los exponen a riesgos delictivos y de tránsito. Los planteles deben servir a la comunidad que les da sustento geográfico”, expuso la diputada Montalvo Adame.
La reforma que presentó modifica el artículo 152 de la Ley de Educación para obligar a la Secretaría a respetar un orden de prioridad riguroso y auditable para la asignación de la matrícula, dando prioridad a los alumnos con domicilio de residencia acreditado dentro de la colonia, zona de influencia o radio caminable del plantel.
El orden propuesto en la reforma establece posteriormente el ingreso de alumnos con hermanos cursando en la misma escuela, seguido por aquellos cuyos padres laboran en la periferia del sector y, finalmente, el acceso desde otras zonas geográficas sujeto al remanente de cupo.
Para impedir cualquier intento de simulación y erradicar por completo los cupos ocultos, la diputada planteó también una reforma al artículo 139 para que los directores de cada centro educativo publiquen de manera transparente y auditable, a través de plataformas digitales oficiales, el estado real de sus espacios disponibles totales y por grado para el ciclo escolar.
La propuesta busca además mitigar el tráfico vehicular y la carga económica indirecta en pasajes del transporte que sufren las familias de menores ingresos debido a la mala distribución de la matrícula.
