Nueva York, Estados Unidos.- La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York solicitó que el juicio contra el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero se lleve a cabo con un jurado anónimo y parcialmente aislado del público, al considerar que existen riesgos para la integridad del proceso debido a la gravedad de los cargos, el historial criminal del acusado y la amplia atención mediática que ha generado el caso.
Durante una audiencia celebrada este miércoles, los fiscales informaron además que mantienen conversaciones con la defensa de Caro Quintero para explorar un posible acuerdo de culpabilidad. No obstante, aclararon que hasta el momento no existe ningún convenio formal y que las negociaciones continúan en curso.
De acuerdo con documentos presentados ante la Corte el pasado 16 de junio, la Fiscalía solicitó que los nombres, domicilios y lugares de trabajo de los integrantes del jurado permanezcan bajo reserva y no sean revelados ni a las partes involucradas ni a sus abogados. Asimismo, pidió que los jurados sean trasladados diariamente por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y permanezcan separados del público durante las sesiones judiciales.
El juez federal Frederic Block autorizó las medidas solicitadas por el gobierno estadounidense, al considerar procedentes los argumentos expuestos por la Fiscalía.
Las autoridades sostienen que Caro Quintero, señalado como uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara y acusado de dirigir durante décadas una organización internacional dedicada al narcotráfico, cuenta con antecedentes de interferencia en procesos judiciales y con recursos suficientes para intentar influir o intimidar a posibles integrantes del jurado.
Entre los señalamientos presentados por la Fiscalía destaca su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, así como diversos actos de violencia atribuidos a la organización criminal que encabezó.
Como parte de los preparativos del juicio, la Fiscalía también solicitó el nombramiento de un Oficial de Seguridad de Información Clasificada (CISO), al anticipar que parte de las pruebas o procedimientos podrían involucrar información protegida bajo la Ley de Procedimientos sobre Información Clasificada (CIPA).
La petición fue aprobada por el juez Block, quien designó a Harry J. Rucker como responsable de dicha función, acompañado de funcionarios alternos para apoyar en el manejo y resguardo de información sensible.
Los fiscales argumentaron además que el caso ha generado una intensa cobertura mediática tanto en Estados Unidos como en México, situación que podría afectar la imparcialidad del jurado si no se implementan medidas extraordinarias de protección. Como referencia, recordaron que procedimientos similares fueron utilizados durante el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Nueva York.
Rafael Caro Quintero enfrenta cargos por dirigir una empresa criminal continua, conspiración internacional para traficar marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, además de delitos relacionados con el uso de armas de fuego para facilitar actividades de narcotráfico.
En el mismo expediente también figura como acusado Ismael Quintero Arellanes, alias “El Fierro”, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales colaboradores del presunto capo y responsable de tareas de seguridad dentro de la organización criminal. La Fiscalía lo señala además como sobrino de Caro Quintero.
La próxima audiencia de seguimiento fue programada por la Corte Federal de Brooklyn para el 1 de octubre de 2026, fecha en la que podrían definirse avances sobre un eventual acuerdo de culpabilidad o los preparativos para el juicio.
