Por: Jorge Maldonado Díaz
Por haberle dado carpetazo a varias denuncias en contra del Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, el Grupo de las Seis presentó este lunes una solicitud de juicio político en contra del Fiscal General de Justicia, Javier Flores Saldívar.
Durante la presentación del escrito en la Oficialía de partes, las denunciantes solicitaron lo mismo para el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Javier Garza y Garza.
Entre los alegatos que exhibieron señalaron que se violo la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción en investigaciones relacionadas con el mandatario estatal.
Rebecca Clouthier, Liliana Flores Benavides, Gabriela de la Paz y María Elena Assad ante los medios de comunicación señalaron que indebidamente la Fiscalía General atrajo las carpetas de investigación relacionadas con denuncias de presuntos actos de corrupción en donde se involucra al ejecutivo estatal.
Y lo peor de este asunto es que el Fiscal Anticorrupción permitió y aceptó tal situación, renunciando con esto la autonomía.
Lamentaron que por supuestos acuerdos políticos no se haya procedido a la acción penal, tal y como lo estaban pidiendo.
Por tal situación, las representantes del Grupo de las Seis solicitaron la intervención de los diputados del Congreso.
Señalarón que existían elementos suficientes para poder iniciar el procedimiento de juicio político en contra de los fiscales.
“Exigimos al Congreso del Estado que cumpla con su deber constitucional y proceda al juicio político de ambos funcionarios. Nuevo León no puede tolerar fiscalías que actúan como escudo de impunidad en lugar de servir a la justicia”, indicaron.
Liliana Flores Benavides fue contundente al manifestar que ambos fiscales actuaron en contra de lo que se establece en la Ley de la Fiscalía
“De acuerdo a la Ley de la Fiscalía, la Fiscalía Anticorrupción es autónoma, y el Fiscal General, violando esa autonomía, atrajo todas las carpetas de investigación de Samuel García, y el Fiscal Anticorrupción aceptó esa ilegalidad”.
“Esto no solamente viola las normas, sino que también deja en entredicho las instituciones, o sea, cómo se ve la Fiscalía del Estado exonerando al Ejecutivo cuando la Fiscalía General de la República lo está investigando”, puntualizó.
