Por: Jorge Maldonado Díaz
En un hecho sin precedentes, el municipio de Pesquería demolió una casona histórica que estaba bajo la protección del Gobierno Federal.
Esto a provocado el malestar del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) quien ya le ha exigido al alcalde Francisco Esquivel una explicación por haber actuado en contra del inmueble.
De acuerdo con las autoridades, la edificación ubicada en la calle Morelos cruce con Porfirio Díaz en el centro del municipio, era patrimonio histórico y al ser demolido sin autorización, la federación ha manifestado que estas acciones tendrían consecuencias.
Es de señalar que para la demolición de la casona se hizo uso de maquinaria pesada, ignorando por completo la ley.
Al respecto, el alcalde justifico las acciones bajo el argumento que demolerían el edificio para la construcción de un centro de servicios municipales, lo cual dijo era muy importante para darle paso a la modernidad de Pesquería.
“La vamos a demoler para tener un avance, una modernización y también es algo muy importante para el crecimiento del municipio”, dijo el edil a través de un video que subió en redes sociales.
El INAH calificó esta situación como muy grave, y más utilizando recursos públicos, por lo cual comenzaron las investigaciones al respecto.
“Es por demás lamentable enterarnos que una autoridad municipal, anunciando hasta en medios públicos, “da paso a la modernidad” en un municipio fundado en el siglo XVI, demoliendo inmuebles históricos con el uso de recursos públicos.
“Desde el Centro INAH Nuevo León rechazamos y conminamos a las autoridades municipales de Pesquería a responder por el ilícito cometido, así como también a hacerse cargo de las consecuencias que conlleva”, escribió el Centro del INAH Nuevo León en redes sociales.
De acuerdo con la ley, derribar, destruir, alterar o dañar patrimonio histórico, arqueológico o artístico en México es un delito federal. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es la autoridad encargada de vigilar y proteger estos bienes y cualquier obra en ellos requiere su autorización previa.
Las personas que sean omisas a la ley podrían enfrentar consecuencias legales, es decir, el responsable de dañar o destruir monumentos o edificaciones protegidas pueden recibir penas de tres a diez años de presión.
En el comunicado enviado por el INAH le señalan al edil que demoler no es modernidad.
