Jorge Maldonado Díaz

Monterrey.- Para evitar vetos por la no inclusión del impacto económico de las reformas legales que realice el Congreso, la bancada del PRI presentó iniciativa de reforma a la Ley de Planeación Estratégica para que éste se consulte con el Estado antes de la aprobación de los cambios en el Pleno.
El diputado Adrián de la Garza Tijerina expresó que estas nuevas obligaciones en el proceso legislativo no tienen como propósito dilatar el acto reformador de los Congresos Locales, sino que persiguen el mismo espíritu de la ley de la que emana esta nueva obligación, procurar finanzas públicas sostenibles
“Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno del Congreso del Estado, deberá incluir en su dictamen correspondiente la relación que guarde con el Plan Estatal de Desarrollo y una estimación fundada sobre el impacto presupuestario del proyecto; previa consulta a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado”, indica la propuesta presentada por el Diputado local.

“A su vez la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado contará con un término no mayor de diez días hábiles para dar respuesta a las consultas y en caso de no emitirse respuesta se entenderá que el proyecto referido cumple con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, así como su viabilidad presupuestal”, agregó.

El Diputado local del PRI planteó esa medida mediante la adición del artículo 25 Bis a la Ley de Planeación Estratégica del Estado.

«Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno del Congreso del Estado, deberá incluir en su dictamen correspondiente la relación que guarde con el Plan Estatal de Desarrollo y una estimación fundada sobre el impacto presupuestario del proyecto; previa consulta a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado», establece la propuesta.

La reforma fue turnada por el presidente de la mesa directiva a la Comisión de Presupuesto para su estudio y dictamen.